Como se había indicado en días anteriores, este domingo el Ministerio Público anunció vía su cuenta de Twittter que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones.
"La investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones", señala el anuncio.
Según la Fiscalía, el mandatario tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.
El presidente de la República fue notificado, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos.
El fiscal Sánchez llegó a esta decisión luego de evaluar los informes de la fiscal especializada en lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, quien fue la primera en recoger el testimonio de la colaboradora eficaz Karelim López, la que afirmó que el presidente Castillo encabezaba una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.
Según información del diario La República, Sánchez considera que ni Juan Silva ni los legisladores acciopopulistas (conocidos como 'Los Niños', de acuerdo con el testimonio de López), mucho menos los sobrinos del jefe del Estado, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y tampoco el amigo del presidente Zamir Villaverde García podrían haber actuado por su cuenta. "Que necesariamente tuvieron que haber contado con el consentimiento del presidente Pedro Castillo para torcer siete contratos de Provías Descentralizado a favor de empresas confabuladas".
