A casi 30 años de los asesinatos de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el Ministerio Público prosigue con las acciones destinadas a recuperar e identificar los restos de las víctimas, disponiendo el inicio de un plan de intervención forense en la zona de Cieneguilla donde se encontraron los primeros indicios de esta masacre.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, a cargo del fiscal Luis Valdivia, dispuso el inicio de dicha diligencia, la que estará a cargo del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina legal del Ministerio Público.
Este plan de búsqueda se desarrollará entre el 30 de mayo y el 22 de junio, en la fosa ubicada en la quebrada Chavilca, a la altura del kilómetro 16.5 de la carretera Lima-Cieneguilla.
Esta acción forma parte de lo señalado en este caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo también es el de dar a los familiares respuestas sobre la identificación y paradero de los restos de las víctimas, a fin de dar a estos descanso digno.
Asesinato y ocultamiento
El asesinato de los estudiantes y el profesor de la Universidad La Cantuta fue perpetrado el 18 de julio de 1992. Investigaciones parlamentarias y periodísticas dieron cuenta del crimen y de su autoría, atribuida al denominado Grupo Colina.
Las víctimas fueron detenidas y sacadas del local universitario para ser llevadas a la fuerza a la carretera Ramiro Prialé, donde fueron ejecutadas y enterradas. Luego, los militares desenterraron los cuerpos para incinerarlos, dejándolos en ese estado en Cieneguilla.
Una investigación parlamentaria permitió conocer, al año siguiente, el paradero de los restos, así como la autoría del crimen. En 1994, tras inhibirse el Poder Judicial de ver el caso, dejándolo en manos del fuero militar, un tribunal castrense sentenció a prisión a los responsables.
En 1995 se dio una amnistía a los militares implicados en casos de violación de derechos humanos, estando entre los favorecidos los responsables de esta matanza. El beneficio fue derogado en el 2000, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori.
(Con información de Andina)
