En su discurso como flamante presidenta del Congreso de la República, la congresista de Acción Popular María del Carmen Alva aseguró ante el Pleno del Parlamento que era "una mujer de partido orgullosa de pertenecer a una organización político democrática". Sus palabras parecen haber caído a saco roto porque semanas más tarde hizo todo lo contrario y su círculo de confianza más cercano se empezó a pintar de color 'naranja'.

Desde que asumió el cargo, la titular del Congreso contrató en su nutrido equipo de comunicaciones al comunicador Jesús Eduardo Molina Ormeño, exasesor del excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, como profesional nivel 8 en la Oficina de Comunicaciones del Parlamento. Este asesor empezó a trabajar en la actual gestión congresal el 17 de agosto del 2021. 

Molina Ormeño tuvo el cargo de técnico en la Comisión investigadora de los hechos producidos en la base contrasubversiva Madre Mía que presidió Becerril en 2017. Actualmente el exparlamentario es investigado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y miembro de la presunta organización criminal “Los temerarios del crimen". 

Según la hipótesis fiscal, el fujimorista fungió de “brazo político”, lo que permitió que se gestionen obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo a cambio de pagos de coimas que fueron coordinados, tanto con él como con sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril. Este último está prófugo de la justicia luego de que el Poder Judicial de Lambayeque dictara prisión preventiva en su contra.

Molina, el encargado de la coordinación de la prensa con la oficina de la presidencia del Congreso, al igual que su exjefe, tuvo imputaciones penales. La Mula pudo corroborar que existen dos denuncias en su contra (libramientos indebidos -con dictamen- y lesiones culposas -con archivo preliminar-) registradas en el Ministerio Público.

Pero el exasesor de Héctor Becerril no es el único fujimorista en el entorno de Alva. Otra comunicadora contratada por servicio parlamentario destacada a la oficina de la presidenta del Congreso es Lizbeth Maceda Maldonado. Ella es esposa de Christian Peralta, creador de los 'Fujitrolls' y jefe de comunicaciones cuando Fuerza Popular tenía mayoría absoluta el Congreso. Peralta,  apodado 'el coreano', también fue coordinador periodístico del Congreso durante la breve gestión de Manuel Merino.

Sus vínculos con el fujimorismo son evidentes, pues Maceda fue asesora del excongresista de Fuerza Popular Edwin 'Edú' Vergara, quien reconoció haber formado una empresa de pinturas en 2014 junto al presunto cabecilla de una organización de narcotraficantes que fue arrestado con 800 kilos de cocaína en un almacén de San Juan de Lurigancho.

Martha Dayana Meléndez Muñoz es desde marzo de este año la jefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Previo a su designación en el cargo, Meléndez se reunió con Marina Vela Vera, secretaria de María del Carmen Alva, cuando la comunicadora aún trabajaba en el Ministerio de la Mujer, según se observa en el buscador Manolo.

La actual jefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso es una antigua asesora del excongresista fujimorista y expresidente del Congreso Luis Gallareta. El exparlamentario de Fuerza Popular y otras 14 personas son investigados por la fiscalía porque se habrían unido “para concertar hechos delictivos repartidos en diversos roles para lograr que la señora Keiko Fujimori ocupe la Presidencia de la República” en las Elecciones Generales 2021 que ganó Pedro Castillo.

La denuncia original señala que existiría la suma de $ 2 250 000 000.00 que habrían sido transferidos desde un banco de Suiza para ser utilizados como un fondo de contingencia para invertir en la campaña presidencial del partido Fuerza Popular. De este monto, según indica la fiscalía, se habrían gastado S/12.485.760 para “premiar” a las personas que votaron a favor de la lideresa fujimorista. El monto que se habría entregado a cada uno de los votantes partido naranja era de US$4.050.

Chalenqueando a Karelim

El periodista Martín Hidalgo reveló en un video en el que se aprecia que la empresaria Karelim López Arredondo se retiró de las instalaciones del Congreso, tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del pasado 27 de abril, resguardada por varios asesores de prensa de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. Entre ellos Jesús Molina y Lizbeth Maceda.

El hecho pasó algo inadvertido por esos días tras no conocerse a ciencia cierta la labor que realizan estos comunicadores en el despacho de la titular del Poder Legislativo. Lo concreto es que Alva siempre está más cerca de una posición esencialmente fujimorista que la de una neutral, como es la que debería exigir su cargo.

Así quedó demostrado en sus declaraciones sobre la decisión de incluir a Roberto Huamán Azcurra, exhombre de confianza de Vladimiro Montesinos, sentenciado por corrupción y personaje clave de los vladivideos, en la lista de condecorados durante el homenaje que el viernes 3 de mayo realizó el Parlamento a los comandos Chavín de Huántar.

“Si él participó [en el rescate de los rehenes] ha sido también un héroe. No tengo la información, conversaré con los que organizaron [la ceremonia]”, dijo la congresista de Acción Popular.

Quedan apenas dos meses para que la gestión de María del Carmen Alva culmine como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. En el balance resaltan (hasta ahora) dos mociones de vacancia presidencial debatidas por el pleno y varias interrogantes sobre las sonadas ansias que habría tenido por ser la presidenta de la República. Le queda poco tiempo.