Las autoridades peruanas deben investigar los asesinatos de trabajadoras sexuales y luchar contra las mafias que se dedican a la extorsión y al sicariato, señalaron las organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual, integrantes de Plaperts Regional Capítulo Perú.
Tras el reciente asesinato de dos trabajadoras sexuales en Lima, la plataforma de personas que ejercen el trabajo sexual exige justicia y que se detenga la indiferencia de la sociedad con estos grupos vulnerables.
La plataforma pide a las autoridades que se investigue, sancione y desarticule a las organizaciones criminales que se dedican al sicariato y extorsión. Denuncian que las mafias se han apoderado de las diferentes avenidas y calles donde se encuentran las personas que ejercen el trabajo sexual.
Además, piden que los crímenes no se queden en casos judiciales, sino que el Estado brinde reparación integral para las familias de las víctimas.
Las organizaciones precisan que el trabajo sexual no es un delito en el Perú y piden que el Estado trabaje para reconocer los derechos laborales de las personas que ejercen este oficio, el cual "se ejerce por propia decisión y convicción del ejercicio" de sus cuerpos y de "la economía solidaria".
"Demandamos a las instituciones del Estado a que tomen en cuenta nuestras demandas y que se generen soluciones, con el fin de erradicar la discriminación, estigma, misoginia y la violencia que se ejercen contra las y los trabajadoras/as sexuales a diario, reconocimiento del trabajo sexual como derecho laboral", se lee en el pronunciamiento.
Por último, pidieron a todas las organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual y a las organizaciones aliadas a que se unan a su pedido usando el hashtag #NadieDiceNada como símbolo de rechazo y sumar en la lucha contra la discriminación y violencia de género de estos grupos vulnerables.
PLAPERTS PERU es una red de organizaciones, conformada por mujeres trans, hombres gays y mujeres cisgénero que ejercemos el trabajo sexual de forma autónoma y voluntaria. En tal sentido estaremos vigilantes, articulando y demandando el cese a la violencia, estigma, discriminación y la criminalización
El pasado 19 de febrero, dos mujeres migrantes ecuatorianas que se dedicaban al trabajo sexual, fueron asesinadas en el Cercado de Lima (Jirón Zepita), donde la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró 28 casquillos de balas y quedaron heridas otras dos personas, entre ellas otra trabajadora sexual de la zona.
Regulación pendiente
En enero pasado, el Ministerio del Interior (Mininter) instaló la mesa de trabajo inclusiva y multisectorial "Delitos y violencias asociadas a la desregulación del trabajo sexual", con la que se busca, a través de un piloto en el distrito limeño de Lince, evaluar la posibilidad de regular el mercado de los servicios sexuales.
Sin embargo, con el cambio de Gabinete Ministerial, la actitud del Ejecutivo respecto a las trabajadoras sexuales parece haber cambiado. El último miércoles, en una conferencia de prensa en la que hablaba sobre la delincuencia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que se tenía que combatir la "prostitución" porque era fuente de enfermedades de transmisión sexual, omitiendo el hecho de que el trabajo sexual siempre ha existido y que el problema es la falta de regulación, lo que solo beneficia a las organizaciones criminales.
[Foto de portada: AFP]
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