El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, fue acusado por violencia familiar en octubre del 2016, según consta en un parte policial de la Comisaría de San Borja, que fue difundido por el exministro del Interior, Carlos Basombrío, en su cuenta de Twitter. Las denunciantes, en efecto, fueron su fallecida esposa Ana María Montoya Leo y su hija Catherine Urselia Valer Montoya. 

"Valer, el nuevo PCM le dio tal pateadura a su hija de 29 años que esta presentó denuncia en la comisaría. Inaceptable que pretenda gobernar", indicó Basombrío, quien adjuntó la denuncia policial.

El 9no Juzgado de Familia admitió, el 8 de febrero de 2017, la denuncia de violencia familiar contra el hoy primer ministro, informó El Comercio. El referido juzgado dictó, en aquella oportunidad, medidas de protección a favor de Montoya Leo y le prohibió a Valer Pinto “cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso” en agravio de su conyugue, quien falleció en octubre del año pasado. 

Los exvecinos del ahora primer ministro en el distrito de San Borja confirmaron que en su domicilio siempre se escuchaban gritos y lisuras contra su hija y esposa. En diálogo con RPP Noticias, una de exvecina del premier, quien mantener su indebida en reserva, indicó Valer no pagaba a tiempo, tenía reacciones violentas y a su domicilio llegaban documentos judiciales por delitos contra el Estado, de falsedad genérica, e incluso de homicidio culposo.

"Es un mal recuerdo para los vecinos, para el serenazgo, que tiene denuncias. (Valer Pinto es) un tipo conflictivo, pegalón. Le pegó al de la cochera. Al serenazgo, dentro de su casa, le pegó porque dijo que no tenía que entrar. Siempre los pleitos eran continuos, era demasidado negativo, conflictivo y pegalón", expresó.

"Mi amiga me ha contado que el señor, actual premier, tiene un proceso judicial por desalojo, por no pagar, durante todo el tiempo que duró el juicio, que son dos años, no pagó alquileres. El monto asciende a más de 40 mil soles. Se fue sin pagar", añadió la fuente la exvecina.

De esta manera se conoció que Valer, quien residió en la zona de San Borja entre los años 2009-2019, enfrentó también un proceso judicial por desalojo debido a que no pagaba las cuentas. La vecina dijo al respecto que el inmuble del hoy premier era utilizado como oficina de su despacho de abogado y como una ONG, lo cual no estaba permitido en el contrato que había firmado con la propietaria. 

(Foto: Andina)

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