¿Buscan militarizar las calles? Este miércoles, el jefe de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, confirmó lo que se venía advirtiendo desde hace semanas: se suspenderán los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de seguridad personal en Lima Metropolitana y Callao a través de un estado de emergencia.
El representante del Mininter informó que el Consejo de Ministros acordó declarar el estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y Callao con el argumento de que la delincuencia ha aumentado.
Con ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para velar por la seguridad ciudadana. Esta medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano.
La semana pasada, el ministro del Interior, Avelino Guillén, justificó esta medida señalando que permitiría contar con un mayor número de efectivos y fortalecer la labor de inteligencia e investigación de la PNP
“Estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar y vigilar lugares públicos, dependencias públicas, esto con la finalidad de que los policías, que realicen este servicio, hagan un trabajo estrictamente de investigación del delito”, dijo.
“Vamos a plantear que personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) patrulle los conos de Lima y que las Fuerzas Armadas respalden nuestro trabajo en el centro de la ciudad. Necesitamos establecer protocolos de actuación”, agregó.
Cabe precisar que, de acuerdo a los artículos 165 y 166 de la Constitución, la PNP es la encargada del orden interno y las FF. AA. son las responsables de garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía. Como explica el Instituto de Defensa Legal (IDL), no es tarea de las FF. AA. velar por la seguridad ciudadana.
En noviembre del 2021, cuando se planteó esta posibilidad, el IDL recordó que, "históricamente, las decisiones concernientes a la PNP y las FF. AA. en el país se han justificado en base a un discurso sobre la seguridad nacional, además de un uso político del miedo muy común y demagógico".
"Sin embargo, los datos que justifican la medida del Gobierno de Castillo no se han hecho públicos. La policía y los militares gozan de una legitimidad muy cuestionada en nuestra sociedad que se debe a la conflictiva relación que han mantenido con la comunidad durante décadas. En aras de mejorar esta relación, se debería tener una política de datos abiertos que permita a la ciudadanía constatar el razonamiento detrás de las decisiones que se toman, así como una fiscalización adecuada por parte de los organismos competentes al actuar de estas instituciones", señaló.
[Foto de portada: Andina]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Ministro de Salud anuncia el fin del toque de queda en el país
Ejecutivo publica decreto que declara de interés nacional la emergencia climática
Mininter inicia programa piloto en Lince para evaluar la regulación del trabajo sexual
