A través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC), el Ministerio del Interior (Mininter) presidió, el último viernes, la instalación de la mesa de trabajo inclusiva y multisectorial "Delitos y violencias asociadas a la desregulación del trabajo sexual", con la que se busca, a través de un piloto en el distrito limeño de Lince, evaluar la posibilidad de regular el mercado de los servicios sexuales.
Al respecto, Enrique Castro Vargas, entonces director general de Seguridad Ciudadana del Mininter, señaló los riesgos a los que están expuestos trabajadores y trabadoras sexuales, y sus usuarios, en un contexto de desregulación.
Durante la instalación de la mesa de trabajo en la Municipalidad de Lince, Castro Vargas recordó que la desregularización del trabajo sexual conlleva una serie de delitos como son la extorsión, sicariato, homicidio, trata de personas, entre otros.
"Muchas veces, este conjunto de delitos se vincula directa e indirectamente con mercados ilícitos o no regulados, formando espacios propicios para la concentración delictiva y de conductas violentas que afectan directamente a la ciudadanía y deteriora significativamente la seguridad objetiva y subjetiva, restando confianza en las autoridades políticas, técnicas, policiales y en los operadores de justicia", señaló el Mininter.
"La informalidad, la ausencia o escaso control en los espacios públicos, los vacíos normativos y las dificultades en la articulación interinstitucional, incrementan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo criminal y se convierten en caldo de cultivo para la aparición e incremento de conductas de riesgo, además de delictivas y violentas por parte de población residente y flotante, delincuentes, bandas y organizaciones criminales", agregó el sector en su presentación.
Uno de los principales ejes de trabajo de esta mesa es el fortalecimiento, articulación y la cooperación interinstitucional y normativa, para regular el trabajo sexual. Al respecto, el representante del Mininter explicó que la estrategia es recoger la experiencia de Barrio Seguro y que el programa sobre trabajo sexual se llamará “Comercio Seguro” y tendrá el objetivo de fortalecer las redes comunitarias, reducir determinados factores de riesgo y colaborar con la confianza policial y del serenazgo en el distrito.
Además, resaltó que el proyecto incluirá programas de apoyo y acompañamiento social, atención de salud mental, jurídica y física para las trabajadoras sexuales.
Castro Vargas señaló la importancia de que la sociedad civil y las organizaciones participen en esta mesa de trabajo. En ese sentido, resaltó el carácter inclusivo de esta mesa de trabajo, donde "nadie debe quedarse atrás". Además, señaló que este proyecto se ejecutará con un enfoque basado en evidencias y en respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, Angela Villón, activista defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, denunció que, lamentablemente, muchas personas son discriminadas en las comisarías cuando se les niega atención bajo la excusa de que ofrecen servicios sexuales.
"Yo puedo ser toda la prostituta que quieran, pero somos seres humanos con pudor, con derechos", dijo Villón en referencia a los casos en los que los usuarios no respetan los acuerdos previos al otorgamiento de los servicios sexuales.
Villón saludó la iniciativa del Mininter y destacó que esto permitiría combatir la explotación sexual y la trata de personas.
“Podríamos empezar a rescatar a mujeres que están en estado de explotación”, dijo.
"Para eso tendríamos que tener programas con profesionales de alto nivel", señaló Villón al recordar el conservadurismo en un gran sector de funcionarios públicos.
La activista propuso que el piloto en Lince debe tomar en cuenta las diversas modalidades de trabajo: cuando el trato se hace en la calle, cuando los servicios se dan en un hoteles o departamentos, o cuando es a domicilio.
Alfredo Rivera, asesor del despacho ministerial, señaló que se trata de un proyecto que implica un reconocimiento de derechos. Explicó que las organizaciones criminales se aprovechan de las personas discriminadas para explotarlas. Para combatir esto, propuso un trabajo conjunto con la ciudadanía.
Por su parte, el alcalde de Lince, Vicente Amable, señaló que este piloto busca fortalecer comunidad y mejorar la confianza en la Policía Nacional para ejercer un mejor control y persecución del crimen organizado que afecta a su jurisdicción.
Por último, Castro Vargas informó que, para el cumplimiento de este programa piloto en Lince, no debemos olvidar que es un trabajo focalizado y se debe cumplir con una hoja de ruta y rendir cuentas a la ciudadanía. Según el cronograma propuesto por el Mininter, la próxima reunión sea el 28 de enero, cuando se tratarán los ejes de trabajo y se analizarán las experiencias de regulación del mercado de trabajo sexual en otros países.
En esta primera reunión, también participaron Angela Acevedo, directora del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ernesto Aguinaga, director general de Trabajo; y Eduardo Berrios de la dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo.
También asistieron Jorge Chávez Cotrina de la Fiscalía Penal contra el Crimen Organizado; coronel PNP Jhon Valderrama, jefe de la División Policial Sur 1; comandante PNP Oscar Nakandakari de la Comisaria de Lince; Fernando Parra de la Superintendencia Nacional de Migraciones; Angela Villón, representante de las trabajadoras sexuales; y Ana Ladera, de la ONG CHS Alternativo (NP 025-2021).
fuente: mininter / enrique castro vargas
[Foto de portada: El Peruano]
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