La Defensoría del Pueblo pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, "reexaminar" su decisión de suspender la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por sus reuniones que habría sostenido con Karelim López y Samir George Abudayeh, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares. La decisión de la titular, como se sabe, suspende las pesquisas contra el mandatario hasta el 2026, año en que culmina su gobierno. 

En un comunicado, el organismo que encabeza Walter Gutiérrez señaló que si bien el artículo 117 de la Constitución establece que el mandatario no puede ser acusado, salvo en determinados supuestos, "esta disposición no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento".

En ese sentido, pide al Ministerio Público “reexaminar su decisión integrando todas las normas y principios constitucionales”. Asimismo, atribuyó al procurador general, Daniel Soria, del Estado pedir la reconsideración para que la investigación preliminar no sea aplazada hasta el 2026.

“La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio Publico reexaminar su decisión integrando todas las normas y principios constitucionales. En todo caso, considera que corresponde al procurador general del Estado solicitar la reconsideración con la finalidad de que la investigación preliminar no sea suspendida”, indica en su comunicado.

Para la entidad del Estado, la decisión de la fiscal de la Nación les resulta contradictoria, puesto que, si bien comprenden que la ponderación se debe en torno a garantizar la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción “no admite excepciones ni dilataciones”. "La decisión del Ministerio Publico en la cual dispone haber mérito para investigar preliminarmente al mandatario y, a la vez, suspende el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria", se lee en el pronunciamiento.

"Si bien comprendemos la ponderación hecha por el titular de la acción penal en torno a garantizar la gobernabilidad, la conclusión de esta debió compaginarse con la preservación del sistema democrático y con la regla de que el combate contra la corrupción no admite excepciones ni dilaciones. Por ello, señalamos que la consecuencia ineludible de abrir una investigación preliminar es, precisamente, el desarrollo de actos de investigación urgentes que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los hechos", añadió.

Este martes, Zoraida Avalos decidió abrir una pesquisa al jefe del Estado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado peruano. La medida produce que en el mismo acto se suspenda todas las diligencias "hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal".

(Foto: Andina)

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