Han pasado más de dos meses desde que Sawawo Hito 40, la comunidad asháninka que se hiciera famosa al ser mencionada en un tweet y un post de Instagram de Leonardo DiCaprio, hiciera público que una empresa maderera, ilegalmente, había abierto una carretera de más de 20 kilómetros en sus tierras, ubicadas en la frontera con Brasil. El caso fue denunciado por la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa - Yono Sharakoiai (Aconadiysh) el 11 de agosto del 2021 ante la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de Atalaya, Ucayali. La polémica carretera es conocida como Nueva Italia-Breu.

Poco tiempo después, el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Huaroc, acudió a la zona, el límite de la comunidad nativa Sawawo, colindante con la comunidad Shahuaya. El lindero que las divide es el río Amonía, que discurre desde el Perú hacia Brasil. En la carretera abierta ilegalmente, el Comité de Vigilancia Comunitaria, liderado por la comunera y profesora María Elena Paredes, había encontrado maquinaria pesada y personas foráneas a la comunidad. La maquinaria fue inmovilizada a la fuerza por el Comité, frustrando el intento de los obreros forestales de escapar de la zona. Todos los hechos quedaron registrados en los videos filmados por los comuneros con sus celulares.

El pasado 16 de agosto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cursó una carta al contralmirante Edward López Cazorla, comandante de la Cuarta Zona Naval - Estación Naval de Pucallpa, perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, en la que solicitaba la intervención de la Marina en apoyo a la Fiscalía para la prevención de la situación de riesgo sobre Sawawo. La FEMA había cursado un pedido de apoyo previamente con el Oficio N° 851-2021-MP-FPEMA-ATALAYA-DFU de 13 de agosto. El apoyo nunca llegó. Aun así, el fiscal Huaroc se constituyó en el campo junto con personal de la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre de Atalaya (SOFFSA) el 17 de agosto. Días después, las denuncias y pronunciamientos de Aconadiysh y la Asociación ProPurús tuvieron el respaldo del famoso actor, que publicó en Instagram un post llamando al gobierno peruano a detener la construcción de carreteras ilegales, el 3 de setiembre. El revuelo mediático posterior es conocido.

Más allá del importante y mediático apoyo del actor y activista, el cual fue resaltado por algunos medios, estamos ante un caso de absoluta flagrancia e indolencia, un conflicto enorme que está aún vigente en el distrito de Yurúa, al que pertenece Sawawo.

La denuncia oficial de Aconadiysh, la federación indígena a la que pertenece Sawawo, indicaba que las empresas invasoras eran Forestal Mendoza e Inversiones Ostua. Sin embargo, no son estas las empresas responsables de la apertura de la carretera. Las diligencias fiscales determinaron que la supuesta dueña de las máquinas era Inversiones Forestales JS EIRL. La confusión vino porque JS son las iniciales de Juan Simón Mendoza, hijo del dueño de Forestal Mendoza, cuya concesión está a escasos kilómetros de Sawawo Hito 40. Detalle interesante es que, aun cuando Juan Simón Mendoza ha deslindado su relación con la empresa de su padre, recientemente fallecido, la familia Mendoza tiene varias concesiones forestales en la zona y que, incluso la viuda de Mendoza tiene una concesión adyacente a la zona por donde se pretende construir la carretera. Esta información no es secreta o reservada. Puede ser consultada libremente en los servicios de información de la Gerencia Forestal de Ucayali.

Hay quienes consideran que la carretera fue construida por Forestal Venao originalmente en los años noventa. Eso no es correcto. La carretera se originó por las exploraciones petroleras de Oxy mucho antes, en los años ochenta, aunque efectivamente es Forestal Venao la que construyó la vía hasta Puerto Breu y la operó hasta el 2013-2014. En el 2014 esta firma dejó de operar en Yurúa y se retiró de la zona, por lo que la carretera, sin ningún mantenimiento, fue devorada por la selva nuevamente.

En La Mula Verde, en un post escrito en 2020 por Ivan Brehaut con el apoyo de la Asociación ProPurús, informamos de los planes existentes para reabrir esta vía y convertirla en una carretera de orden regional. Las primeras coordinaciones para construir una carretera, la UC-105, y convertirla en la “Carretera Interoceánica Centro” se dan en el 2019, antes de la pandemia y es, como se ha señalado también en este medio, una iniciativa promovida por el alcalde de Satipo, quien ha formado un grupo de trabajo compuesto por autoridades regionales y alcaldes de Junín y Ucayali.

De hecho, las primeras alertas sobre la construcción de esta vía fueron hechas por la Asociación ProPurús, que de acuerdo con las declaraciones de su director ejecutivo, Francisco Estremadoyro, pusieron toda la información a disposición de autoridades de orden nacional y regional, incluso de entidades de la cooperación internacional, sin obtener mayor eco en su llamado de implementar acciones preventivas.

La intención de la carretera, vista desde Lima, parece ser un intento de darle conexión vial a una de las zonas más inaccesibles del país y con ello mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, como ProPurús denunció desde el inicio y se expresó en nuestro post de agosto del 2020, la intención no es esa. Los verdaderos motivos de la carretera son tener un tramo carretero que permita un acceso directo a la frontera, al Hito 40, a Sawawo. No es casualidad que la carretera haga un antojadizo desvío hacia el norte, en lugar de seguir directamente a Breu. Y aquí viene un detalle importante: Yurúa es una de las zonas donde aún se hallan importantes reservas de cedros, caobas y otras maderas finas, de muy alto valor en el mercado.

Cabe resaltar que a pesar de los peligros de la vía, y contrario a lo que algunos piensan, la mayoría de la población quiere la carretera, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos mínimos que la ley establece. Esto quedó claramente establecido durante el último congreso de Aconadiysh en Puerto Breu que se llevó a cabo el 15 de setiembre.

Los temores de la población respecto a la carretera son justificados. Como se ha señalado en este portal y en reportes públicos elaborados por la Gerencia Forestal de Ucayali, colgados incluso en Facebook, la ruta de la carretera acumuló cinco pistas de aterrizaje clandestinas en el 2020. En este año, según información de ACCA y ProPurús, el número de pistas ha aumentado, así como la cantidad de áreas deforestadas para el narcotráfico. La información de ambas instituciones está a libre disposición de autoridades y periodistas.

Según Estremadoyro, ProPurús sostuvo reuniones con el alcalde de Yurúa a finales del 2019, mostrándole información sobre el avance del narcotráfico hacia su distrito, y entregó información de un análisis satelital a la Gerencia Forestal de Ucayali a inicios del 2021, así como a varios medios de comunicación. “Es lamentable que solo por el post de DiCaprio el país y el Estado en su conjunto recién le hayan dado atención a una situación tan peligrosa para la población indígena y para los bosques del país”, declara.

“A inicios de este año nuestro personal alertó a la población asháninka de Brasil del peligro de esta carretera; les mostramos nuestros mapas, que antes habíamos compartido con el proyecto Prevenir que opera en Brasil y las imágenes de satélite donde se aprecian las pistas de aterrizaje. Los asháninkas de Apiwtxa no podían creer que los rumores no solo eran ciertos, sino que no es una sola carretera, son tres las que se acercan a su territorio. La de Nueva Italia Breu es efectivamente la más avanzada”, añade a La Mula Verde.

Lo preocupante de la situación que se mantiene en Yurúa es la ausencia de acciones concretas de la policía ante un delito flagrante. Ahora, es cierto que en Nueva Italia, punto de inicio de la carretera y centro logístico del narcotráfico, no hay policías, y hay apenas cinco o seis efectivos en Bolognesi, capital de Tahuanía, para cuidar un distrito enorme, y que están a más de un centenar de kilómetros de Sawawo. Sin embargo, en Puerto Breu, capital de Yurúa sí existe un destacamento de la policía nacional, con más de una docena de efectivos y a un día de caminata de Sawawo, en el peor de los casos. Atalaya, capital de la provincia del mismo nombre, sí cuenta con nutrido cuerpo policial que, inexplicablemente, no ha acompañado a los fiscales en su labor de campo, como tampoco lo hicieron los de Bolognesi ni los de Yurúa.

A pesar de la intervención de la FEMA sede Atalaya, las cosas en el campo, en la zona del conflicto, no han cambiado mucho. Si bien las amenazas al personal de ProPurús y Upper Amazon, las oenegés que trabajan en la zona, han disminuido, así como también la agresión de comuneros de Shawaya y Dorado contra Sawawo, la tensión en general no se ha disipado. Los trabajadores de JS siguen impunes, refugiados en la comunidad Dorado, con cuyo presidente firmaron un acuerdo para que les permita sacar maderas finas a precios irrisorios. Muchos comuneros empiezan a mostrar su desacuerdo con el trato, no solo por el paupérrimo precio fijado por la empresa, sino por el acoso de los trabajadores de JS hacia las mujeres de la comunidad.

Osinfor, Serfor, OEFA y el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se han manifestado respecto a esta denuncia. La Defensoría del Pueblo ha puesto la situación de Sawawo dentro del grupo de casos en observación en su reporte de conflictos de setiembre de 2021, aunque no considera el intento de linchamiento a los directivos de Aconadiysh y el intento de asesinato a un comunero de Sawawo, motivos por los cuales se han solicitado garantías ante el Ministerio del Interior.

Una investigación fiscal puede cumplir hasta 120 días antes de proceder a acciones más concretas y elevar una acusación al juez. Para cuando ese plazo se haya cumplido, lo más probable es que JS y sus trabajadores se hayan marchado de Yurúa debido al inicio de la estación de lluvias. Sin medios logísticos para ingresar con facilidad a Breu (solo tiene una precaria pista de aterrizaje) y con la carretera intransitable, las diligencias y la investigación corren peligro.

No es necesario otro post de Leonardo DiCaprio para que el delito flagrante de Inversiones Forestales JS y su dueño, Juan Simón Mendoza Pérez, sea finalmente castigado como la ley establece. Por lo pronto, La Mula Verde supo que el próximo 16 de noviembre las comunidades indígenas Brasil y Perú afectadas por este conflicto se reunirán para ver el tema de la carretera y unirán fuerzas contra estas amenazas.