El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó seis meses de impedimento de salida del país contra el dirigente de Perú Libre, Richard Rojas García, recientemente designado como embajador de Perú en Venezuela.
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Richard David Rojas Gómez aseguró que ese nombramiento serviría para que este eluda la investigación que se le sigue por el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Perú Libre. Para el representante del Ministerio Público, la presencia del dirigente de Perú Libre en el país es vital para la investigación, a fin de que reconozca una serie de documentos y otros enseres incautados durante el allanamiento a dicho partido.
Entre los argumentos expuestos ante el juez John Pillaca, Rojas Gómez cuestionó los arraigos domiciliario, familiar y laboral al remarcar que el investigado se irá del país para desempeñar un cargo “al que nunca se ha dedicado en su vida”, ya que su rubro laboral es la reparación de electrodomésticos.
“De lo que se trata acá es de ayudar al hoy investigado a sustraerse de la acción de la justicia, de sustraerse a la persecución penal que viene realizando el Ministerio Púbico de manera objetiva, porque todo lo que estoy diciendo está sustentado documentariamente”, afirmó el fiscal.
Además, según señala Rojas Gómez, el imputado tiene un considerable poder de decisión en dicho partido, cercanía con el líder Vladimir Cerrón y habría participado directamente en el lavado de activos, a razón de tres hechos. En ese sentido, debe responder por qué trató de retirar cerca de S/400 mil de una cuenta de Cerrón, así como acerca del manejo y disposición del local del partido de la avenida Brasil y la recepción de presunto dinero ilícito en su cuenta personal.
Según el fiscal, Rojas García cayó en contradicciones, pues inicialmente expresó que el dinero era un préstamo de Vladimir Cerrón y luego que era para la elaboración de un panel publicitario para el partido. Consideró que hay relación entre dicho dinero y las actividades ilícitas de la red criminal Los Dinámicos del Centro, que se habría dedicado a diversos actos de corrupción en la región Junín, con la participación del investigado.
Rojas Gómez explicó que el delito por el que es investigado tiene una pena de entre 10 y 20 años de cárcel. Insistió en que Rojas García buscaría eludir la justicia con su nombramiento como embajador. “La máxima de la experiencia y la lógica nos llevan a la conclusión de que la finalidad es sustraerse de la acción penal”, manifestó ante el juez.
(Foto: La República)
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