La extracción y comercialización de fauna silvestre es uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo, que incluye tanto el comercio de mascotas como partes de animales, usadas como fuente de cueros, amuletos e ingredientes de tradiciones curativas o mágicas. La extracción ilegal de fauna también afecta las economías y el bienestar general de las poblaciones rurales, particularmente de las comunidades nativas.

Las poblaciones rurales, particularmente las indígenas, basan una parte importante de su ingesta proteica en la cacería de animales silvestres, que les surten de carne de monte, y en la pesca en ríos, quebradas y lagos. Siendo un recurso tan importante para estas poblaciones vulnerables, no es raro que surjan disputas por el acceso a zonas ricas en fauna, con collpas o comederos, o lagunas con peces poco aprovechadas.

El crecimiento de la población que ocupa la Amazonía ha generado durante los últimos años una enorme presión sobre los recursos de fauna silvestre, sobre todo en las zonas aledañas a las grandes ciudades. Sin embargo, en Ucayali, en la zona fronteriza con Brasil, la presión por recursos entre los indígenas de ambos países ha creado situaciones de enorme tensión e incluso violencia, que en estos momentos podría incluso afectar a la población en aislamiento de la Reserva Indígena Murunahua.

Es el caso de Yurúa, distrito de la provincia de Atalaya, a una hora de vuelo desde Pucallpa, a donde solo se puede acceder mediante avioneta (tres vuelos por semana desde Puerto Breu, su capital distrital). El distrito –cubierto por bosques tropicales, que albergan especies de alta importancia para la conservación y especies en peligro– tiene una superficie de 9,175.58 km2 y cuenta con más de 2,000 habitantes. La mayoría de la población es indígena, conformada por seis pueblos: amahuaca, asháninka, ashéninka, yaminahua, yanesha y chitonahua (este último en contacto inicial), lo que representa el 98% de sus habitantes. El resto lo conforman mestizos. En Puerto Breu viven unos 600 habitantes, el 95% son indígenas; y el 5%, mestizos, en su mayoría procedentes de Pucallpa.

Su posición, aislada del resto de la región y con una baja densidad poblacional, ha hecho que tanto los bosques como la fauna local se mantengan en un buen estado de conservación, a pesar de que en algún momento empresas forestales actuaron sin mayor control en la zona. Aun así, no es difícil encontrar en las comunidades del distrito evidencia de los buenos resultados de las faenas de pesca o de las excursiones de los mitayeros (cazadores), por lo menos, en las comunidades alejadas del río Breu. Este río marca un buen tramo de la frontera entre el Perú y Brasil, es muy poco navegable durante el estiaje, lleno de palizadas y curvas, que van separando las comunidades ashéninkas del Perú y las aldeas de los pueblos kaxinawa (quienes se autodenominan huni kuin) y ashéninkas brasileros. En la desembocadura del Breu, marcando también la línea de frontera, se ubica Foz de Breu (Boca del Breu), poblado mestizo del país vecino.

La presión de las poblaciones indígenas y mestizas de Brasil sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, incluidos los recursos pesqueros va en continuo ascenso y ya ha puesto en riesgo, en más de una ocasión, la vida de los indígenas peruanos.

“Vinimos a vivir en paz”

Vicente López Mariño, líder de la comunidad nativa Koshireni, ubicada en la cuenca del río Breu, nos recibe con una limonada y una enorme sonrisa. Su casa, construida de madera, se alza en medio de sus sembríos de maíz, al lado de los corrales de cerdos y de gallinas que revolotean en busca de su alimento. Ni bien le consultamos sobre el tema, su rostro, marcado por el sol y los rigores del campo, se iluminó de inmediato.

El testimonio del video es muy claro. Luego de los incidentes, que llegaron incluso a la quema de chacras y casas de los indígenas peruanos, y a pesar de los ofrecimientos, no recibieron mayor apoyo del Estado. “Hace años que nosotros hemos venido reclamando a las autoridades para que nos apoyen, que nos ayuden a defender el territorio nacional. Nosotros somos los guardianes de la frontera, así nos han dicho en los ministerios en Lima, pero no les ha importado, las cosas siguen igualitas y hasta peor.” 

Con amargura, Vicente nos mostró más de una docena de cartas, actas de reuniones, incluso recortes periodísticos en los que su comunidad y la vecina comunidad nativa Oori daban a conocer su problema a diversas autoridades de los sectores Cultura, Interior, Defensa, así como a las autoridades locales y regionales.  

Durante más de ocho años, los líderes de estas comunidades denunciaron los hechos, que involucraban incluso amenazas, robos y otros actos de violencia de los brasileños contra los comuneros peruanos. Las primeras denuncias datan de 2013, cuando alertan del ingreso de los foráneos cuyo propósito era –y es– extraer madera y cazar en Breu. En el 2015, las tensiones llegaron a un punto máximo, cuando en un intento de lograr que los ashéninkas peruanos abandonaran sus tierras comunales, desconocidos robaron y quemaron sus viviendas y chacras.

Edwin Pérez Castro, jefe de la comunidad de Oori, da fe de los mismos hechos. “Poco a poco los comuneros peruanos que estaban en el Breu se fueron yendo. No podían soportar los robos, las amenazas y el abandono de las autoridades. Así se ha ido la mayoría de nuestra población… con tanto esfuerzo hacemos nuestras chacras y traemos nuestras cosas desde Puerto Breu hasta acá para que los vecinos se los acaben llevando o destruyendo. No es justo”, dice.

La idea de los pobladores de Breu, manifestada por Edwin Pérez, es bastante clara. Ellos quieren un uso sostenible de los recursos, cuidar para seguir usando los recursos en el futuro. Así lo manifestó cuando lo entrevistamos en su comunidad en el río Breu.

La extracción de fauna y madera del lado peruano de la frontera tiene su origen en el crecimiento incesante de la población brasileña en la misma cuenca. La llegada de más indígenas, atraídos por la riqueza de los recursos en nuestro lado de la frontera, y las restricciones establecidas por el gobierno brasilero respecto a la forma de extracción de fauna de su país, ha ocasionado que muchas de las piezas de caza, antes comunes en la cuenca del río Breu, empiecen a escasear.

Una mujer asiente y frunce el ceño mientras Edwin conversa con nosotros. “Antes encontrabas venado, sajino, sachavacas, aquí nomás, a 10 minutos de la comunidad. Ahora, así te vayas a una hora de camino, difícil encuentras animales”, dice Milagros, reafirmando el testimonio de Edwin.

La explicación del impacto aparente sobre la fauna es sencilla. Los ashéninkas peruanos hacen un aprovechamiento más integral de los animales cazados y utilizan todas las partes posibles de las presas. Siendo una población muy pequeña, que apenas alcanza a unas 12 familias, si juntamos a ambas comunidades (Koshireni y Oori), la necesidad de cazar se reduce a una excursión de caza por semana, por familia. Considerando también el tamaño de los territorios que manejan, el impacto de estas comunidades sobre el ecosistema es muy reducido.

En contraste, desde Brasil, son un par de cientos de familias agrupadas en unas 20 aldeas o centros poblados, los que dos o tres veces por semana ingresan a territorio peruano a cazar o pescar. Las incursiones de los cazadores no son inocuas. Para tener una idea del impacto de un grupo de cazadores brasileños, particularmente los mestizos que vienen desde Foz de Breu, una comunera de Oori nos cuenta que vio un bote con tres sachavacas ya preparadas para su aprovechamiento, es decir, evisceradas, sin cabeza y otras partes que les resulta poco apetecibles a los consumidores de Brasil. Solamente ese bote llevaba casi 400 kilos de carne de monte. El bote se desplazó sin ningún problema por la carencia de control policial en la zona.

Parte importante de las quejas de los comuneros de Oori y Koshireni se refieren a las prácticas de caza y pesca. “Cazan con perros, pescan con veneno, cortan nuestros árboles sin permisos, hacen sus chacras en nuestras tierras y no podemos hacer nada”. Efectivamente, durante nuestro recorrido observamos botes de cazadores con perros de caza, desplazándose por el río Breu, así como un bote con madera en cuartones. En una playa y en el mismo Foz de Breu, madera fresca tableada se transportaba desde la cuenca del Breu hacia el interior de Brasil. Y es que realmente, la baja cantidad de pobladores en las comunidades del lado peruano no les permite una vigilancia efectiva de su territorio. Esto y la carencia de autoridades policiales que resguarden la zona son el marco ideal para la impunidad de los extractores foráneos.

“Las maderas que más se llevan son la moena, cachimbos, copaiba, otras maderas que ellos vienen especialmente a buscar acá en Perú. Saben que son buenas maderas, árboles grandes, que los usan para construir botes, que después venden incluso en Perú… Una vez les hemos pedido tener un acuerdo, que saquen, que lleven, pero con un permiso, que lleguemos a un convenio. Hasta ahora no se ha dado”, indica Edwin.

Por su parte, Seka, el curaca de los Huni Kuin en Brasil, ha recibido en varias oportunidades las quejas de los ashéninkas de Perú. En varias oportunidades, él mismo ha dispuesto que sus paisanos devuelvan las pertenencias robadas a los peruanos. Sin embargo, no ha habido avances exitosos para el acuerdo entre las partes que permita establecer una convivencia más armónica. Mientras tanto, la fauna en el lado peruano sigue bajo una inmensa presión y la madera valiosa navega convertida en tablas y cuartones hacia el país vecino.

Caza y pesca sin controles

El proceso de caza y pesca practicado por los brasileros en territorio peruano data de varias décadas, mucho antes de la llegada de los ashéninkas peruanos a la frontera y de la titulación de sus tierras. El sistema de caza de los indígenas no es complejo, y solo se organizan en grupos de dos o tres personas, las cuales usan escopetas y perros de caza. Este último recurso, la utilización de perros, es algo prohibido en Brasil.

Para la pesca, los lugareños siempre usan redes lineales y tarrafas (un tipo de red de cerco de mayor tamaño). Por su parte, los pescadores invasores además de esta práctica, usan en territorio peruano barbasco, también conocido como huaca, una planta con la que preparan un veneno para los peces, que no perjudica mayormente a los humanos. El barbasco, huaca o bacashi, es usado también por indígenas peruanos en varias zonas de la Amazonía. Sin embargo, la práctica brasileña, por la cantidad de pescadores que ingresan a nuestro territorio sí pone en riesgo a las poblaciones de peces de lagunas y pozas de pesca al usar grandes cantidades de huaca en sus faenas. Durante la migración anual de los peces amazónicos, conocida como mijano, que ocurre generalmente entre finales de julio y agosto, los pescadores brasileros interceptan la mayor cantidad de peces posible, reduciendo considerablemente la cantidad de las especies más valiosas, cuando menos, según nuestros entrevistados.

Una comunera nos dice que la amenaza y eventual ingreso de cazadores, pescadores y taladores comerciales al Breu es una constante. Los cazadores pactan en ocasiones con un ‘facilitador indígena’. Según nuestras fuentes, uno de ellos es Ever Pérez, quien se desempeña como enfermero en la posta brasileña de Foz de Breu. Es peruano y uno de los primeros en llegar al Breu, junto con quienes fundaron las comunidades Koshireni, Beu y Oori.

Pérez es contactado por cazadores y madereros foráneos, quienes le piden ‘permiso’ para ingresar a su comunidad, Beu, por lo que, a cambio, recibiría un pago. En nuestro recorrido por la zona, recibimos testimonios de pobladores de Puerto Breu, Koshireni y Oori quienes indican que otras dos personas involucradas en este sistema de habilitación serían el expresidente de la Asociación para la Conservación Comunal Yurúa (ACCY), Juan Pérez Tello, y su hermano.

Los cazadores ingresan por diferentes rutas, usando caminos forestales, ya abiertos años antes para la extracción de maderas valiosas, o quebradas que permanecen sin ninguna vigilancia. La carne extraída es vendida eventualmente en Foz de Breu, pero por lo general es transportada al pueblo brasilero de Marichal Thaumaturgo, a unas cinco horas distante de la frontera.

El esfuerzo de la caza es siempre bien pagado. El kilo de carne de monte es vendido hasta a 50 reales (unos 40 soles, 11 dólares). Considerando que el peso bruto de una sachavaca (tapir selvático), una de las presas más codiciadas, es de 170 kilos, el esfuerzo es muy bien recompensado. De acuerdo con los testimonios de los pobladores locales, un grupo de cazadores puede extraer del monte unos 100 kilos de carne regularmente. Cabe mencionar que algunos patrullajes ocasionales de la policía vecina en el río Yurúa, en su curso brasileño, ha contribuido en que este tipo de cacería se haga menos frecuente.

Según estudios realizados en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, el consumo de carne de monte entre las poblaciones rurales y urbanas son elevados y ello explicaría el agotamiento de los recursos de fauna. El promedio de consumo de carne de monte en Caballococha, Loreto, con casi 8,000 habitantes, es de 88 toneladas de carne por año, con un promedio de 11 kilos de carne por habitante. Estos datos contrastan con el promedio reportado para otra localidad en Loreto, Jenaro Herrera, donde el consumo calculado es de unos 60 kilos por año por habitante, un promedio muy superior.

Respecto a la madera, los testimonios más preocupantes vienen de la gente de Koshireni, quienes afirman que en recorridos hechos a la parte alta de la cuenca, ya en la Reserva Indígena Murunahua observaron grandes árboles marcados, listos para ser tumbados y aprovechados. Se desconoce a los autores, pero es poco probable que sean extractores indígenas locales. La reserva tiene un área de 470,305 hectáreas y está ubicada entre los distritos de Yurúa y Antonio Raymondi. Fue creada en 1997 como reserva territorial y categorizada como reserva indígena el 24 de julio de 2016 mediante DS N° 007-2016-MC para proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento Murunahua, Chitonahua, Mashco Piro y al pueblo indígena en situación de contacto inicial Amahuaca. La reserva no tiene mayor protección en el sector Breu.

Sin recursos es poco lo que podemos hacer

Es fácil hablar con las autoridades locales en Puerto Breu, la capital de Yurúa. En la oficina de Migraciones, la funcionaria a cargo nos indica –con una sonrisa– que lamentablemente la función de su despacho corresponde al registro de personas que cruzan la frontera. El flujo comercial entre Brasil y Perú en esta zona del país es cotidiano y frecuente; antes de la pandemia registraban unas 35 personas por día. Sin embargo, no les es posible hacer ese registro en la misma frontera por las dificultades logísticas y la carencia de un puesto que pueda servir de oficina para el personal. “Sabemos que el tema de los cazadores y los taladores ilegales es un problema para las comunidades de la frontera, pero no es un tema que nosotros podamos atender”, dice. “Brasil tampoco tiene un puesto migratorio en Foz de Breu y creo que ocurre lo mismo en Marichal Thaumaturgo, pero con tu DNI tranquilo puedes pasar”, agrega.

Un oficial de la policía nacional del pequeño destacamento que se ubica en Puerto Breu, señala lo obvio. “No caballero, no es que no queramos patrullar, es que no hay recursos. Usted sabe, es costoso el combustible, la alimentación, y el mismo traslado en los botes. Por eso ya hace como cuatro años el puesto fronterizo está desocupado, pero ahora nos han dicho que para fin de año se va a rehabilitar”. El efectivo hacía referencia al puesto fronterizo sobre el río Yurúa, en plena frontera entre Perú y Brasil, que permanece deshabitado desde hace años. “Sin recursos es poco lo que podemos hacer, caballero”, me reitera, sin ocultar cierta desconfianza respecto de a quién le hacía esta confesión.

La Unidad Militar de Asentamiento Rural (UMAR 5) está en la zona, pero lamentablemente no incluye en sus funciones patrullar los límites del país. El responsable de la UMAR 5 nos comentó que desde hace años ellos están animando a la Policía y a la Municipalidad Distrital de Yurúa para que unan recursos y lleven a cabo acciones en salvaguarda de la población de Breu y reduzcan la ilegalidad en la frontera. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ha pasado de manifestar buenas intenciones. Falta de presupuesto, falta de liderazgo, falta de interés y una constante desidia son las causas que el oficial señala en este caso.

La entidad responsable de la vigilancia y control de los recursos forestales y de fauna silvestre es la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali (GRFFSU), particularmente la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre de Atalaya (SOFFSA). El problema es el mismo para todas las entidades públicas, el aislamiento y lejanía de Yurúa respecto al resto de la región y el país representa un reto logístico enorme que se agiganta con las carencias de personal y presupuesto que caracteriza al Estado peruano.

Recientemente, en colaboración con la ONG Asociación ProPurús, el responsable de la SOFFSA, Miguel Cambero, pudo ingresar a Yurúa para dar reconocimiento oficial a los comités de vigilancia comunitaria que esta entidad no gubernamental implementa en cooperación con la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa-Sharekoia (Aconadyish), que representa a las 17 comunidades nativas de Yurúa. La toma de conocimiento de la realidad de la zona reforzó la opinión de la GRFFSU respecto a la necesidad de crear una oficina de la gerencia en Yurúa: “No estábamos al tanto de los problemas de las comunidades y es necesario que se pongan límites a los infractores. Esta es una labor que nos corresponde a nosotros y a otros sectores”.

La ONG ProPurús apoyó la creación de la Concesión para Conservación Yurúa, manejada por la ACCY. Su expresidente, Juan Pérez, es comunero de Santa Rosa, otra comunidad fronteriza con Brasil y una de las nueve comunidades nativas que administran la concesión. Al ser preguntado por el impacto de la extracción de fauna en la zona fue enfático: “nos vienen quitando nuestros recursos, nosotros somos amahuacas que toda la vida hemos vivido acá. Ahora vienen a quitarnos nuestros recursos. Como indígenas nosotros estamos dispuestos a compartir y a manejar, pero con respeto, no con amenazas, no con la fuerza”. Estas declaraciones contrastan con lo expresado por gente de las comunidades contiguas que, reiteramos, lo involucran directamente en el sistema de extracción ilegal de fauna de territorio peruano.

En Lima, mientras tanto, consultamos con el Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y autoridad especializada en fauna silvestre, respecto a la situación en Yurúa. Los voceros de la institución indicaron que en tanto las competencias forestales y de fauna silvestre han sido delegadas a las regiones, son estas las que deben tomar acción respecto a los problemas de extracción ilegal de fauna. Las mesas regionales de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre (MRCVFFS) son los espacios de articulación donde deberían reportarse estos casos y brindar a la población el soporte de las instituciones presentes en la zona, de modo que estas tomen acción al respecto.

Cabe recordar que en el 2017 se publicó la Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, periodo 2017 - 2027; sin embargo, esta se enfoca principalmente en el desarrollo de acciones para el tráfico de animales vivos, cueros, pieles y otras partes animales y no específicamente en el comercio de carne de monte. Una de las medidas previstas en la estrategia es la instalación de puestos de control, a cargo de las autoridades forestales regionales, y se menciona incluso la coordinación con países fronterizos para la prevención del tráfico de fauna. Como hemos visto, esto no se ha implementado en Yurúa.

Las carencias brasileñas

“Los indígenas no conocen las fronteras que han implantado los estados", es una frase que se usa frecuentemente y explica en gran medida los lazos que hermanan a las familias y a los pueblos fronterizos. El caso de las poblaciones Wampis y Awajún en la zona limítrofe entre Ecuador y Perú es ampliamente conocido. Sin embargo, los roces en la zona de Yurúa parecen originarse en la escasez de recursos, particularmente fauna y maderas útiles en el lado brasileño de la frontera. El aumento de la ocupación de las tierras fronterizas por parte de indígenas brasileños y las diferencias entre los ashéninkas peruanos y los huni kuin de Brasil no han permitido al momento llegar a acuerdos duraderos que generen una convivencia armoniosa, sin conflictos entre pueblos.

De parte de los brasileños, la impresión es que, desde siempre, las tierras del valle del río Breu fueron parte de sus áreas de caza, tala y recolección, es decir, tierras de libre uso. El poblamiento de la zona a inicios del 2000 por parte de grupos indígenas peruanos que fueron paulatinamente ocupando esta zona rompió para algunos de ellos lo que se consideraba el orden natural. Los testimonios de los pobladores de las comunidades de Santa Rosa, Oori y Koshireni dan cuenta de los argumentos usados por los Huni Kuin, quienes reclamaban derechos sobre tierras que indudablemente están en territorio peruano. Este sentido de apropiación está plasmado incluso en mapas de usos de recursos preparados por organizaciones de apoyo a los indígenas que operan en Brasil.  

Una de estas organizaciones es la Comisión Pro Indio (CPI), cuya representante, María Luisa ‘Malu’ Ochoa, labora hace muchos años apoyando a la población indígena de esa zona de Brasil. De acuerdo con Malu, CPI está desde hace al menos 10 años tratando de que la población indígena de ambos países coexista sin conflictos, estableciendo normas de convivencia. “Me preocupa mucho que la población de Perú, de Oori, Koshireni y Santa Rosa tengan esas quejas sobre el comportamiento de la población de Brasil, nosotros estamos trabajando para que el uso de los recursos sea sostenible”.

Con la asesoría de CPI, los líderes de las comunidades de ambos lados de la frontera en la cuenca del río Breu, establecieron en el 2016 un conjunto de reglas que parece ser equilibrado. Las normas concertadas entre líderes de ambas poblaciones incluyen:

■ Los huni kuin y ashéninkas pueden usar purmas en el lado peruano para hacer sus cortes y plantar en la playa.

■ Las comunidades de Oori y Koshireni también cederán la madera talada en los campos y los árboles caídos naturalmente.

■ Los huni kuin y ashéninkas podrán cazar en el lado peruano solo cuando se les solicite y por motivos de eventos como fiestas o talleres de capacitación.

■ En cuanto a la pesca en lagos y quebradas del lado peruano, los huni kuin y ashéninkas deben solicitar permiso a los líderes peruanos.

En 2017, durante el Taller de Revisión del Plan de Manejo de las Tierras Kashinawa surgieron nuevas propuestas para la Reserva Extractiva Alto Juruá (dentro de territorio brasilero) y para las comunidades de Santa Rosa, Oori y Koshireni. Se incorporaba la protección del bosque ribereño, por lo que no se podría abrir claros a menos de 200 metros de las riberas de los ríos, arroyos y lagos. Solo se permitía talar en la orilla del río para hacer una aldea o asentamiento, pero se debía recuperar el área deforestada con plantas frutales y madera dura. En octubre de 2017 se decidió no plantar ni usar más el barbasco para no terminar con peces en el río Breu.

Los testimonios de los indígenas peruanos y la evidencia encontrada en campo señalan que muchas de estas normas no se cumplen en lo absoluto. Se hallaron áreas deforestadas para instalar chacras en ambos lados de la ribera del río Breu, se encontró cazadores con perros y madera tableada, como se describe líneas arriba. Malu Ochoa nos indicó su intención de viajar pronto a la zona para retomar la aplicación de los acuerdos y buscar el mejor consenso entre las partes.

De hecho, los lazos entre los indígenas en ambos lados no son endebles ni la relación tan tensa como podría esperarse. Efectivamente, peruanos y brasileños comparten fiestas familiares, visitan a sus parientes en ambos lados de la frontera y mantienen lazos de amistad que nuevamente empiezan a ponerse en riesgo con el aumento de la presión de parte de Brasil. Los indígenas peruanos hablan con fluidez el portugués, ashéninka, castellano e incluso el huni kuin, hacen sus compras y comercian en ambos países, pero sienten con claridad que la posición de dominio está en el otro lado de la frontera. La consabida ausencia de las autoridades peruanas en la frontera es patente, a pesar de los pedidos de ayuda hechos por nuestros compatriotas en numerosas oportunidades.

Lejos de la cuenca del Breu, en Sawawo, la convivencia entre los indígenas brasileños y peruanos se plasma en una hermandad y colaboración ejemplares. La aldea asháninka de Apiwtxa y la CN Sawawo colaboran constantemente y se hermanan reconociendo que el bosque es uno solo y que ambas poblaciones deben cuidarlo. "Nosotros queremos manejar nuestros bosques, trabajar el turismo, y para eso hay que cuidarlo. De Brasil nos ayudan, nos dan ejemplos, y nosotros correspondemos. El bosque nos hace más hermanos", nos dice María Elena, quien dirige el Comité de Vigilancia Comunitaria de Sawawo. Otro modelo de convivencia y cooperación no solo es posible, ya se está dando también en nuestra frontera.

Durante las primeras semanas de julio, Edwin Pérez visitó Pucallpa para regularizar en registros públicos su nombramiento como nuevo presidente de la ACCY. Su viaje de retorno como siempre, fue una mezcla de sensaciones. “La concesión de la ACCY es famosa, me han dicho. Algunos cooperantes quieren apoyarnos para la protección y conservación de los bosques y la fauna. Acá mismo, en la Gerencia Forestal nos quieren visitar”, nos contó con alegría. “Pero lo de los compañeros de Brasil, en eso nadie se quiere meter. Me dicen: vigila, patrulla, pero ¿qué hacemos nosotros solos, si el Estado no nos respalda?”, dice con preocupación.

Partimos de regreso a Pucallpa con una serie de sensaciones. En la idílica Yurúa hay pobreza monetaria, pero a la vez una inmensa riqueza natural que sus pueblos atesoran. Ellos demandan la presencia real del Estado peruano (educación, salud, seguridad, trabajo) pero con un desarrollo económico propio, que respete sus derechos a sus territorios, que cuide su medio ambiente, pero que además los proteja de incursiones de foráneos que empiezan a extraer sus recursos alimentarios y sus árboles. Cruzando la frontera, los brasileños viven mucho mejor, con servicios públicos y mejores ingresos, pero con menos recursos naturales que en este lado. Por ello su incesante presencia en territorio nacional, pacífica en su mayoría de veces y amenazante las menos, pero atemorizante.

Notas:

Daniel Gross. 1976 Consumo proteínico y desarrollo cultural en la cuenca amazónica. Amazonía Peruana Vol III. N°6.

van Vliet N, Quiceno-Mesa MP, Cruz-Antia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 p. Bogotá, D.C

Yockteng, C.; Gutierrez, T.; Rodriguez, L.

Investigación y utilización racional de la fauna silvestre del bosque tropical húmedo. Informe final. Requena - Perú, 1982

Artículo elaborado por Ivan Brehaut y Alberto Ñiquen para La Mula Verde, como parte del Concurso Periodismo de Investigación y Delitos Ambientales en la Amazonía Peruana convocado por  el Proyecto Prevenir de USAID