Este 14 de setiembre, el juez Rafael Martín Martínez reiniciará la audiencia de sustentación de cargos contra el exdictador Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas.

En dicha fecha, el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado reanudará la sustentación de cargos en el horario de 10:00 horas a 18:00 horas. 

“Desde DEMUS, junto con las otras organizaciones acompañantes del caso, esperamos que el Juez decida abrir la investigación judicial a los denunciados y se permita a las víctimas el acceso a la justicia como un acto de reivindicación y reparación. Son más de 180 elementos probatorios presentados por la Fiscalía que demuestran la existencia de indicios suficientes para que se inicie un proceso penal a Alberto Fujimori y sus exministros luego de más de 20 años que las víctimas vienen denunciando estos hechos que vulneraron sus derechos a la salud, integridad, libertad e incluso su vida”, señaló Milton Campos, abogado de Demus y de las víctimas que Mamérita Mestanza y Celia Ramos, quienes fallecieron producto de estas intervenciones.

Entre los denunciados están Fujimori, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Mota, Segundo Aliaga, Enrique Marroquín Osorio, Magda Gonzales Carrillo, Ulises Jorge Aguilar, y Alejandro Aguinaga. Este último acusado es actual congresista por la bancada Fuerza Popular (FP).

Al respecto, la abogada de Demus, María Ysabel Cedano, calificó como "indignante que el denunciado penalmente, el congresista Alejandro Aguinaga presida la Comisión de Fiscalización. Además, señaló que los fujimoristas siguen "negando los hechos a pesar de las pruebas existentes".

"Su negacionismo revictimiza, lo que acentúa las secuelas psicológicas. No podemos permitir que se entrometa en la labor del Poder Judicial ante cualquier decisión que se tome y que ponga en peligro el caso”, dijo la abogada de Demus.

Además, la representante de las víctimas resaltó la necesidad de que se agilice el proceso judicial que ha afectado los derechos humanos de miles de mujeres campesinas quechua-hablantes.

“Ya lo dijo el ministro Justicia, Anibal Torres: justicia que llega tarde no es justicia. Las más de 300 mil mujeres esterilizadas sin su consentimiento llevan más de 20 años esperando por justicia y no hay derecho de hacerlas esperar más”, dijo Cedano.

Por transparencia, las víctimas exigen que las audiencias sean públicas y se transmitan por las redes de Justicia TV, así como se ha hecho en otros casos.


[Foto de portada: ONAMIAP]


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