Sin apoyo. A los pedidos de organizaciones indígenas que denuncian al proyecto de ley como la "legalización del paramilitarismo en territorios" de sus comunidades, se ha sumado el de la Defensoría del Pueblo, que invocó a la Comisión de Defensa del Congreso no aprobar la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”.
El viernes pasado, la Defensoría del Pueblo recordó que, en junio, pidió al la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) observar los proyectos de ley 5424 y 5679/2020-CR, ya que vulneran el derecho a la autonomía de pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas, establecido en el Artículo 89 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Invocamos a Comisión de Defensa Nacional del Congreso no aprobar dicha propuesta normativa y respetar derechos de comunidades, así como el rol funcional de la Policía, luego de autógrafa observada por el Ejecutivo sobre Comités de Autodefensa", señaló la Defensoría.
"Consideramos que la Policía debe cumplir con su mandato constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno y seguridad pública, por ello debe evitarse la delegación de dichas facultades a la sociedad civil", agregó el órgano autónomo encargado de la defensa de todas las personas.
Ese viernes, líderes y lideresas indígenas estuvieron en Lima para dar a conocer su oposición y los riesgos que habrían si se aprobara este proyecto de ley.
Santos Saavedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), precisó que las organizaciones sociales no han solicitado en ningún momento la creación de esta ley. Señaló que no hubo consulta ni consentimiento de los pueblos y que el impacto que se tendría sería “totalmente negativo”.
“Se estaría generando grupos paramilitares generando violencia, en otros países ya se ha visto la mala experiencia. No es posible que hoy que vivimos en paz, respeto y armonía, cuya seguridad está garantizada por pueblos organizados y rondas campesinas, pretendan decir que existe terrorismo y delincuencia a alto nivel en pueblos rurales. En ese sentido, rechazamos categóricamente la imposición de la creación de comités de autodefensa que no nos traerá nada bueno. (…) La preocupación no es solo de los pueblos, sino también del Ministerio de Defensa y del Interior, esperamos que otras instituciones se pronuncien al respecto”, dijo el líder de los ronderos, según cita Cooperacción.
Si bien las protestas dieron como resultado que se retire de la agenda del Pleno del Congreso este proyecto de ley, el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio) advirtió que un grupo de congresistas pretenden reingresar esta propuesta a la agenda del Pleno para esta semana.
El pasado 2 de julio, el presidente de la República, Francisco Sagasti, observó la autógrafa de esta ley, luego que esta fuera aprobada en abril por el Pleno del Congreso. Ante ello, representantes de la mayoría del Congreso exoneraron la discusión de este proyecto en la Comisión de Defensa y lo pasó directamente al Pleno. Pero tras las protestas de los ronderos, se retiró al proyecto de la agenda.
Anteriormente, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) solicitan a las autoridades observar esta ley, ya que se aprobó sin consulta previa, lo cual implica una violación de los derechos indígenas. Además, advirtieron que, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se estaría buscando legalizar el paramilitarismo dentro de los territorios indígenas.
[Foto de portada: Cooperacción]
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