El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado citó, para el próximo lunes 21 de junio a las 15:00 horas, la audiencia de pedido de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, denunciada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, entre otros.
Con ello, el Poder Judicial (PJ) atiende el pedido del Ministerio Público (MP), que, a través del fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó que se cambien las medidas de restricción de Fujimori Higuchi por una prisión preventiva. El argumento del fiscal Pérez Gómez es que la lideresa de FP ha incumplido la prohibición de reunirse con testigos en el mismo caso.
El último jueves por la mañana, el fiscal hizo este pedido luego que Fujimori Higuchi apareció en una conferencia de prensa al lado del excongresista Miguel Torres, testigo en el mismo caso que se sigue contra ella. Ese día por la mañana, Torres negó ser testigo, pero por la noche no solo lo reconoció, sino que mostró fotos y videos en los que se le veía compartiendo diversas actividades con Fujimori Higuchi. El único argumento de FP fue que el fiscal estaba haciendo el pedido muy tarde y que esto estaba relacionado con el proceso electoral, en el que la candidata presidencial está perdiendo.
Al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha obtenido el 50.125% de los votos, superando a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que tiene 49.875%.
En marzo pasado, luego de más de dos años de investigación preparatoria y con un expediente de más de 13,200 folios, el fiscal Pérez Gómez pidió 30 años de prisión para Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción de la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. A Fujimori y otras cuarenta personas se les acusa de formar parte de una organización criminal que ha lavado más de 17 millones de dólares que recibieron de manos de grandes empresarios para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.
[Foto de portada: Andina]
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