Como informamos anteriormente, el pasado jueves 20 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que las personas con trastornos mentales severos como psicosis y trastorno bipolar, podían vacunarse contra la covid en tres centros psiquiátricos públicos de Lima Metropolitana. Sin embargo, ante las quejas ciudadanas por esta restricción que solo reforzaría el estigma y el centralismo por segmentar y no considerar a personas de otras regiones, el domingo 23 de mayo, a través del Comunicado Nº 546, el Minsa informó su cambio y anunció que las personas con estos diagnósticos, mayores de 18 años, podían vacunarse en el centro de vacunación que se encuentre más cercano a su domicilio, incluyendo el servicio de "vacunacar", de acuerdo al siguiente cronograma según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sin embargo, de la teoría a la práctica parece haber grandes obstáculos.

El martes 25 de mayo por la mañana, un ciudadano del distrito limeño de Barranco acudió, según este cronograma, a vacunarse al Estado Luis Gálvez Chipoco, pero le negaron su derecho ignorando la disposición gubernamental. A pesar que se le mostraron los anuncios oficiales del Minsa, el personal de vacunación del Chipoco se negó a vacunar e incluso retó al afectado a llenar el libro de reclamaciones, según denuncia su acompañante. Ante esta situación, al día siguiente, volvieron a intentar, pero esta vez con los anuncios oficiales del Minsa impresos y con la presencia del alcalde, José Rodríguez, quien se enteró de la denuncia ciudadana.

"Los vacunadores no tenían la información actualizada, creían que las personas con trastornos mentales solo podían ir a los tres centros psiquiátricos", contó la acompañante.
"Solo con la presencia del alcalde, enseñando el anuncio oficial en la página del gobierno, aceptaron", agregó.

Como señala la ciudadana, el problema es que no todas las personas van a tener toda la información a la mano y van a poder enfrentar al personal de salud, que lamentablemente pone estos obstáculos.

Una situación similar ocurrió a solo dos horas de Lima Metropolitana, en la provincia de Cañete, donde pacientes con trastornos mentales y enfermedades raras debieron superar obstáculos para que se respete su derecho a la vacunación. Todo fue regular desde el ingreso al Estadio Roberto Yañez, la identificación y el triaje hasta que se acercaba el turno y una enfermera les cuestionó su presencia, pidió documentación innecesaria. En el caso de la persona con trastorno bipolar, esta fue discriminada, ya que la enfermera le dijo que no podía andar libre, que debía estar acompañada porque podría ser "peligroso".

Testimonios similares le llegaron a la periodista y paciente, Carolina Díaz Pimentel, quien, el pasado 2 de junio, compartió más denuncias de maltrato que personas con trastornos mentales graves sufrieron en la vacunación.

"El trastorno no es lo único que nos afecta, sino también la forma en la que la sociedad nos trata. ¿Cómo esperan que seamos personas funcionales, que nos insertemos en la sociedad, que estemos estables, si nos van a seguir discriminando de esta manera?", se cuestionó Díaz en un video publicado en @masquebipolar.


Vacunación para personas con trastornos mentales

De acuerdo a un comunicado publicado en la web del Minsa, para vacunar a las personas con psicosis y trastorno bipolar, estos ciudadanos deben presentar constancia, certificado o receta médica. Es decir, basta con presentar uno de estos documentos antes mencionados para que se acredite la condición y se cumpla con la inmunización a este grupo vulnerable.

Según un estudio realizado en Estados Unidos (EEUU) y publicado en la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA por sus siglas en inglés), los pacientes con un diagnóstico reciente de un trastorno mental e infección por covid-19 tuvieron una tasa de muerte del 8.5%, mayor al 4.7% de los pacientes con covid-19 y sin ningún trastorno mental. Además, los pacientes psiquiátricos tuvieron una tasa de hospitalización del 27.4% frente al 18.6% de los pacientes con covid-19 sin trastornos mentales.

Además, como ha explicado el director del Instituto Nacional de Salud Mental del Minsa, Humberto Castillo Martell, los pacientes con trastornos mentales graves tienen dificultades para comprender en su totalidad la magnitud del peligro de la pandemia, presentan problemas para realizar actividades con sentido del autocuidado y se desconciertan con las restricciones de la emergencia sanitaria, lo que termina por agravar sus cuadros psicopatológicos.

“No comprenden el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, protector facial, distanciamiento o lavado de manos. Y debido al estigma que aún se presenta en la sociedad, pueden tener dificultades para el acceso a los servicios de salud en caso de diagnóstico del covid-19”, dijo Castillo a la agencia estatal Andina.


Vacunación para personas con enfermedades raras

Respecto a las enfermedades raras, el pasado 21 de mayo, el Minsa anunció que las personas con estos diagnósticos, mayores de 18 años, podrían vacunarse en cuatro centros de vacunación en Lima Metropolitana, en base a un cronograma que considera el último dígito del DNI y que se iniciaba ese mismo día.

Cuatro días después, el Minsa publica el "Protocolo para la vacunación de las personas que padecen enfermedades raras y huérfanas" en la página web del Gobierno peruano. Finalmente, este viernes 28 de mayo, el Minsa informó que este grupo vulnerable viene siendo priorizado a nivel nacional. Como requisito, precisó, estas personas deben presentar una constancia de confirmación del diagnóstico por parte de algún médico colegiado.


Defensoría pide respeto

Los obstáculos en la vacunación a estos grupos vulnerables han sido tomados en cuenta por la Defensoría del Pueblo dio cuenta que algunos pacientes con estos trastornos o enfermedades no fuero vacunadas porque se les pedía mayor documentación que acredite su condición.

"Se está pidiendo de todas maneras que se presente un certificado o un informe y eso establece limitaciones, más aún sí, como vemos, están pidiendo que el informe sea suscrito por un médico, cuando sabemos que en nuestro país ha habido serias limitaciones siempre para la certificación, en regiones y fuera de Lima con mayor razón", dijo la coordinadora del programa de discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Esta institución pide al Minsa que respete las declaraciones juradas de estas personas. Además, la Defensoría pide al personal de salud que se informe de manera oportuna y debida sobre las disposiciones del Gobierno.


(JLPA / Foto de portada: Andina)


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