La doctora Coralith García, investigadora principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia, renunció a su cargo este jueves. García asumió esta función a inicios de marzo, tras el escándalo del VacunaGate que provocó la suspensión de Germán Málaga, quien estuvo involucrado en la vacunación irregular de altos funcionarios, incluido el expresidente Martín Vizcarra y exministros del actual Gobierno.
La investigadora se presentó ante el Congreso para explicar que la compra de las vacunas de Sinopharm no fue en base al estudio peruano, que aún no tiene resultados definitivos, sino “a estudios hechos en otras partes”. “Lo que nosotros hicimos es una evaluación preliminar para nosotros tomar decisiones en relación a la apertura del ciego. Es decir, que cada persona sepa qué cosa ha recibido y vacunar a aquellas personas que no hubieran recibido la vacuna menos efectiva o que hubieran recibido placebo”, comentó.
Coralith García explicó que los resultados preliminares del ensayo de la vacuna de Sinopharm están basados en 7 500 voluntarios, mas no en la totalidad del grupo, que llegó a los 12 000. “El objetivo de esa evaluación preliminar es adelantarnos, no esperar, para beneficio de nuestros voluntarios, no esperar tener el resultado final, que va a ocurrir en el futuro”, añadió.
Ante el Parlamento aclaró que la eficacia protectora de las vacunas de Beijing para enfermedad sintomática COVID-19 aún no ha sido calculada. Dijo que esta no es de 34.3 % como se viene señalando, porque este porcentaje preliminar sale de un grupo en el que están incluidos los sintomáticos y los asintomáticos (PCR +), pero aclaró que el ensayo clínico es solo para evaluar la enfermedad de personas con síntomas.
Añadió que el informe preliminar se hizo en base a una urgencia para tomar acciones en beneficio de los voluntarios, pero no para ser difundida para una “publicación científica”. García aclaró que en el informe final que se emitirá en las próximas semanas se medirá la eficacia protectora de las vacunas en los pacientes sintomáticos en cada uno de los grupos, ya sea leve, moderada y severa. Ello en base a una fórmula estadística.
“La eficacia protectora para enfermedad sintomática, que es el objetivo del ensayo clínico, no ha sido calculada, no es de 34.3 %, porque en este grupo están incluidos los pacientes que tienen síntomas y no tienen síntomas”, detalló ante la Comisión COVID-19 del Congreso.
Añadió que antes de emitir el informe final, se evaluará cada caso por un grupo de especialistas externos. “No es salgo que se puede hacer de un momento para otro, se necesita rigurosidad científica”, refirió. La especialista señaló en ese entonces que si un paciente recibió la vacuna de Beijing tiene un 91 % menos probabilidad de tener una prueba de PCR + y de ser hospitalizado, que una persona que recibió placebo. Indicó que la vacuna previene las formas moderadas o graves de la enfermedad.
Protestan los voluntarios
La renuncia de Coralith García al cargo de investigadora principal de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm se da un día antes que los voluntarios del ensayo clínico protestaran en los exteriores del INS exigiendo que se les inmunice con las dosis que llegaron en su momento al país.
Mabel Alpes, una de las participantes de la investigación, señaló que, hasta la fecha, el total de voluntarios no sabe si recibieron la vacuna de Wuhan, de Beijing o el placebo. Asimismo, recalcó que hay personas que se encuentran en la primera fase de inoculación y solo se les ha colocado una dosis.
“Pusimos el hombro, nos dieron la espalda (...) Estamos aquí para exigir dos cosas, la primera es que abran el ciego total de todos los voluntarios de la vacuna Sinopharm para poder saber si nos inocularon con la vacuna de Wuhan, Beijing o el placebo. Queremos saber si estamos protegidos o no. Las personas que pertenecen a la primera fase de vacunación, algunas, solo han recibido la primera dosis y ya ha pasado más de un mes para recibir la segunda”, comentó a La República.
Además manifestó que ninguna de las autoridades involucradas en el ensayo clínico se pronuncia de manera oficial por lo que se encuentran desprotegidos y a la deriva. “La UPCH primero nos dice una cosa, luego sale el ministro y nos dice otra. Al final somos 12.000 voluntarios que estamos a la deriva, nos sentimos desprotegidos por el Estado”, aseguró.
(Foto: La República)
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