La libró. La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, declaró infundado el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La magistrada resolvió que el hoy candidato al Congreso por Somos Perú afronte en comparecencia con restricciones la investigación por los presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.
Con esta resolución judicial el exmandatario quedó prohibido de ventilar al exmandatario información en medios de comunicación sobre la investigación fiscal y el proceso penal. Además deberá pagar una caución económica por 100 mil nuevos soles que deberá cancelar en el término de diez días hábiles.
La magistrada consideró que el arraigo domiciliario y familiar sí se cumple, mientras que el arraigo laboral se sustenta en la actividad política de Vizcarra como candidato. ”Si bien a la fecha no es remunerada, basta decir que se pretende acceder a un cargo público”, explicó Álvarez Camacho. Respecto al peligro de fuga planteado por la fiscalía, señaló que no puede basarse en los viajes que el exmandatario realizó al extranjero.
Sobre la vinculación de Vizcarra a una presunta organización criminal, la jueza resaltó que no basta con indicar su existencia, sino deben explicarse sus componentes y la relación del investigado. Añadió, en ese sentido, que este concepto no puede justificar el peligro de fuga.
La consideró como elementos de convicción a las llamadas de Vizcarra y los representantes de las empresas mencionadas y los correos electrónicos referidos a una avioneta alquilada por Obrainsa para una reunión con el entonces gobernador regional de Moquegua en el 2013.
Durante la audiencia del miércoles, el fiscal Germán Juárez Atoche mostró los registros de llamadas brindados por la empresa Telefónica entre el expresidente y Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa; Fernando Castillo y Rafael Granados, de ICCGSA; y el exministro de Agricultura José Hernández. Las comunicaciones se dieron en fechas que coinciden con las reuniones entre Vizcarra y los empresarios, así como con los días en que se hicieron las presuntas entregas de dinero.
El fiscal Germán Juárez, quien apelará a esta resolución, le imputa los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos -de S/2′300.000- de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua (S/1′300.000) y del proyecto Lomas de Ilo (S/1′000.000), respectivamente, cuando fue gobernador de esa región (2011-2014).
(Foto: Andina)
