Nadie entiende nada. El Pleno del Congreso aprobó, con 81 votos a favor, la moción para expresar “extrañeza y malestar” por la gestión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en relación al caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Si bien la medida no tiene ningún efecto sancionador, lo aprobado ayer por el Parlamento tiene su significado político: Quieren su cabeza.
A la titular del Ministerio Público se le cuestiona por no acudir en dos oportunidades a las citaciones de la Comisión de Justicia, en el marco de la separación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, tras confirmar que ambas se reunieron con Martín Vizcarra, en 2018, cuando era presidente de la República para pedir protección en las indagaciones del caso de presunta organización criminal.
Lo que buscan es que explique las acciones tomadas respecto a las fiscales, quienes ya son investigadas por el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También se busca que precise las medidas adoptadas para “garantizar el trabajo de investigación en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La iniciativa fue presentada por los parlamentarios Ricardo Burga, Leonardo Inga, Juan Carlos Oyola, Walter Rivera y Rolando Ruíz, legisladores de la bancada de Acción Popular. El pedido consiguió el respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Podemos Perú y Descentralización Democrática en la Junta de Portavoces para su admisión como tema de agenda en el pleno de este jueves 4 de marzo.
Esta “moción de extrañeza” es la segunda que se presenta contra un fiscal de la Nación en toda la historia del Perú. La primera fue contra Miguel Cavero-Egúsquiza, impuesta en 1983, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, por proponer el diálogo entre autoridades y cabecillas de Sendero Luminoso.
El último miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso decidió por unanimidad aceptar el pedido de Zoraida Ávalos para reprogramar su participación en la sesión del grupo de trabajo para el próximo martes 9 de marzo. Ello luego de que la fiscal de la Nación emitiera un oficio dirigido a Leslye Lazo, presidente del grupo, para comunicar que no pudo asistir el último miércoles 3 de marzo “debido a reuniones de trabajado debidamente agendadas, propias del ejercicio en función”.
(Foto: Andina)
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