Este miércoles 20 de enero, Joe Biden se ha convertido en el 46º presidente estadounidense. 

Apaciguar la tensión en la ciudadanía, enfrentar la crisis sanitaria, reactivar la economía de Estados Unidos y atender la  justicia racial son los puntos principales de la agenda de su gestión en la Casa Blanca, pero hay otro tema que importa tanto como ellos: la acción climática, luego de que la administración de Donald Trump tirara por la borda todo lo avanzado al respecto y retirara al país del Acuerdo de París, a través del cual los países firmantes acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. El nuevo gobernante ha propuesto gastar US$2 mil millones y crear millones de nuevos empleos para impulsar a ese país hacia energías limpias y emisiones netas de carbono cero a más tardar en 2050.

"Al igual que necesitamos una respuesta nacional unificada a la COVID-19, necesitamos una respuesta nacional unificada al cambio climático", dijo el presidente electo en un discurso el 19 de diciembre en el que reveló a las personas designadas por su equipo climático. "Necesitamos afrontar este momento con la urgencia que exige, como lo haríamos durante cualquier emergencia nacional. Y a partir de la crisis, debemos aprovechar la oportunidad para reconstruir mejor que antes".

Esta tarde, ya como mandatario,  Biden firmó una orden ejecutiva para regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, una de sus promesas electorales. Además, revocó el permiso al controvertido oleoducto Keystone XL, proyecto duramente disputado que trasladaría enormes cantidades de petróleo de Canadá a Estados Unidos para ser refinado. Asimismo ha firmado el detenimiento de la perforación de petróleo y gas en Bears Ears y Grand Staircase-Escalante.  

La oleada de acciones del primer día sobre la crisis climática se produjo después de que Biden, en su discurso de inauguración, dijera que Estados Unidos necesitaba responder a un "clima en crisis". El cambio de dirección desde la era Trump fue profundo e inmediato: en el sitio web de la Casa Blanca, donde se eliminaron todas las menciones al clima en 2017, una nueva lista de prioridades ahora coloca a la crisis climática en segundo lugar solo detrás de la pandemia de la COVID-19.  

Biden –con el apoyo de Kamala Harris, su vicepresidenta– se está preparando para lidiar con el cambio climático de una manera que ningún presidente de Estados Unidos lo ha hecho antes: movilizando a toda su administración para enfrentar el desafío desde todos los ángulos de una manera estratégica e integrada. La prueba son las personas que ha elegido para su gabinete y puestos de liderazgo senior: la mayoría tiene interés en incorporar las preocupaciones sobre el cambio climático en una amplia gama de políticas, y cuentan con experiencia en alianzas entre agencias y niveles de gobierno. De hecho, la desaceleración del cambio climático requerirá un enfoque integral. 

"Nuestra crisis climática no es un tema partidista. Y no es un engaño. Es una amenaza existencial para todos nosotros, en particular las comunidades pobres y las comunidades de color que soportan los mayores riesgos del aire contaminado, el agua contaminada y una infraestructura defectuosa ... todo el mundo tiene derecho a respirar aire puro y beber agua limpia", dijo Harris al presentar al equipo.

"El equipo que el presidente electo Biden y yo anunciamos ayudará a hacer realidad ese plan. Son algunos de los servidores públicos y expertos en clima más experimentados de nuestro país. Reconocen la importancia de acercar al sector privado y al gobierno para enfrentar este desafío y enfrentar esta crisis con nuestros aliados y socios en todo el mundo", añadió la vicepresidenta.

Un enfoque coordinado también ayuda a garantizar que no se pase por alto a las poblaciones vulnerables. Biden se ha comprometido a ayudar a las comunidades desfavorecidas que con demasiada frecuencia han soportado la peor parte de la contaminación de la industria de los combustibles fósiles.

En busca del tiempo perdido  

En diciembre pasado, durante la COP25 que se llevó a cabo en Madrid, los asistentes vimos prácticamente a dos delegaciones estadounidenses. Una, la oficial, de la cual no se esperaba nada puesto que Estados Unidos ya estaba fuera del Acuerdo de París, y otra encabezada por Nancy Pelosi, quien señaló que cuando los demócratas regresaran a la Casa Blanca ese país volvería al acuerdo climático.

Bajo el gobierno de Trump se anularon o debilitaron las regulaciones ambientales de Estados Unidos. Hasta noviembre pasado revocó 84 normas ambientales, como las que rigen el aire limpio, el agua, la vida silvestre y los químicos tóxicos, así como las principales políticas climáticas. Por ello, la nueva administración –con los demócratas al control de la Cámara y del Senado– tiene la oportunidad de revisar leyes, financiación e incentivos fiscales que permitan reorientar el papel de Estados Unidos ante el cambio climático.  

Muchas de estas reglas habían sido diseñadas para reducir la contaminación causada por el calentamiento del clima originado por centrales eléctricas, automóviles y camiones. Varias redujeron las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, de la producción de petróleo y gas. Algunas reversiones han sido impugnadas en los tribunales y luego se restablecieron las reglas. Otras aún están en litigio. Muchas requerirán pasar por procesos gubernamentales de elaboración de normas que tardan años en revertirse, como indica el artículo de The New York Times

El plan climático de Biden tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético a cero para 2035, y así lograr una economía de energía limpia al 100% y emisiones netas cero a más tardar en 2050. 

No será fácil.  Si bien 62 importantes empresas de servicios públicos en ese país han establecido sus propios objetivos de reducción de emisiones, la mayoría de los líderes de ese sector argumentan que requerir cero emisiones netas para 2035 es muy pronto. 

De acuerdo con Bill Ritter, director del Centro para la Nueva Economía Energética de la Universidad Estatal de Colorado, en un artículo para The Conversation, un problema es que los estados suelen estar más involucrados en la regulación del sector energético que el gobierno federal. Y cuando se aprueban las regulaciones federales, a menudo se impugnan en los tribunales, lo que significa que su implementación puede llevar años.

Asimismo, reducir los gases de efecto invernadero requiere modernizar la red de transmisión de electricidad. El gobierno federal puede agilizar el proceso de permisos para permitir más energía limpia, como la energía eólica y solar, en la red. Sin esa intervención, podría llevar una década o más permitir una sola línea de transmisión. 

La política energética no se trata solo de electricidad. Se trata de cómo se construyen las viviendas, cómo generan energía y la alimentan a la red y cómo evolucionan los sectores de transporte, industrial y agrícola. Se trata de regulaciones, reglas comerciales, compras gubernamentales y financiamiento para la investigación para la innovación.

El sector energético puede ser el más fácil de descarbonizar. El sector del transporte es otra historia. El transporte es ahora el principal emisor de dióxido de carbono del país. Descarbonizarlo será un desafío que requiere que muchas partes y niveles del gobierno trabajen hacia el mismo objetivo. Habrá que ampliar el transporte libre de carbono, incluidos más vehículos eléctricos, estaciones de carga, mejor tecnología de baterías y energía limpia. Eso implica regulaciones y financiamiento para investigación y desarrollo de múltiples departamentos, así como acuerdos comerciales, incentivos fiscales para vehículos eléctricos y un cambio en la forma en que las agencias gubernamentales compren vehículos. Aquí será importante el papel que juegue la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para facilitar estos esfuerzos o paralizarlos, como sucedió cuando Trump revocó la capacidad de California para establecer estándares de emisiones más altos. 

Los otros sectores “difíciles de descarbonizar” (edificios, industria y agricultura) requerirán sofisticación y colaboración entre todos los departamentos y agencias federales. 

Una nueva ley climática integral y el Acuerdo de París

Según Ritter, la mejor manera de abordar estos sectores sería una ley climática integral que utilice algún mecanismo, como un estándar de energía limpia, que establezca un tope o límite en las emisiones y lo endurezca con el tiempo. Aquí, el problema radica más en la política del momento que en cualquier otra cosa. Biden y su equipo tendrán que convencer a los legisladores de los estados productores de combustibles fósiles para que trabajen en estos esfuerzos.

El control democrático del Senado aumenta las posibilidades de que el Congreso apruebe una legislación climática integral, pero eso no es un hecho. Hasta que eso suceda, Biden tendrá que depender de las agencias que emitan nuevas reglas, que son vulnerables a ser revocadas por futuras administraciones.  

Por otro lado, el retorno al acuerdo climático internacional de París restablece el papel de liderazgo de Estados Unidos con la comunidad climática internacional –tal como ocurrió durante la gestión de Barack Obama–. El exsecretario de Estado John Kerry encabezará este esfuerzo como 'zar' del cambio climático, un nuevo puesto que le permitirá tener un sitio en el Consejo de Seguridad Nacional. Así, este órgano, que coordina y vigila la toma de decisiones en materia de política exterior, contará con un funcionario dedicado exclusivamente a la crisis climática.

El plan del nuevo presidente, que se puede leer aquí, es ambicioso y seguramente enfrentará dificultades. No será suficiente con regresar al Acuerdo de París, Estados Unidos deberá mostrar claras ambiciones de reducir sus emisiones y proporcionar financiamiento climático a los países en desarrollo. Al ser consultada por Deutsche Welle sobre el plan de Biden, Rachel Cleetus, directora de políticas del Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados, una organización sin fines de lucro de defensa de la ciencia con sede en Estados Unidos, contestó: "Lo que el mundo necesita de Estados Unidos no es retórica sino acción".

Científicos, académicos, organizaciones civiles, activistas climáticos y muchos decisores del mundo estarán a la expectativa.  


(Foto abridora: https://www.axios.com)