La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente una tercera denuncia constitucional contra el congresista de Unión por el Perú (UPP) y expresidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. El grupo de trabajo aprobó admitir el informe de calificación donde se establece una nueva imputación constitucional contra Alarcón con 8 votos a favor y 2 abstenciones (de los representantes del fujimorismo: Carlos Mesía y Martha Chávez).

Esta nueva denuncia, vinculada al caso Los Temerarios del Crimen, fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debido a una presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio cuando Alarcón se desempeñó como titular de la Contraloría General de la República entre el 2016 y 2017.

Según sostiene la denuncia presentada por el Ministerio Público, el excontralor habría aceptado una presunto soborno de 30.000 soles del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el fin de levantar el congelamiento de cuentas de dicho municipio a pesar que no le correspondía. El caso alcanza también a los exparlamentarios Velásquez Quesquén y Marvin Palma, quienes son acusados por, supuestamente, haber cometido el delito de tráfico de influencias.

El informe 374 de la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se suma las dos denuncias anteriores (una por enriquecimiento ilícito y otra por peculado doloso) aprobadas por la Subcomisión de Acusaciones el pasado setiembre, las cuales serán enviada a la Comisión Permanente para que se fije un plazo de investigación y, posteriormente, asignar al ponente del caso.

El titular de la Subcomisión de Acusaciones, Luis Roel Alva, explicó, anteriormente, que las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón estarían listas para verse en el Pleno del Congreso en febrero del 2021. “Mediante un informe final, se pasa a la votación, si hubiera mayoría, se eleva a la Comisión Permanente y si esta lo ratifica se crea una comisión investigadora dentro de la misma Comisión Permanente para llevar esta indagación hasta el pleno. Todo este proceso debe concluir en el mes de febrero del próximo año“, declaró el pasado 7 de noviembre en Radio Nacional.

De otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó una nueva denuncia constitucional contra el exjuez César Hinostroza Pariachi. Esta vez por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico. El informe de calificación fue evaluado y aprobado con 9 votos a favor y 1 abstención de la congresista Martha Chávez.

La denuncia contra el exmagistrado fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio de este año, en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La misma señala que Hinostroza  habría usado su influencia para acelerar el trámite de un proceso judicial para el reintegro de sus remuneraciones homologadas de 1 millón 961.000 soles.

De acuerdo a la fiscalía, el abogado se habría valido de su condición como magistrado supremo para inmiscuirse de forma directa en la decisión del juez especializado Hugo Velásquez Zavaleta, quien veía el caso que lo benefició económicamente.

(Foto: La República)