El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, inició investigación preliminar de ocho meses a la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por presuntos pagos ilícitos de la empresa ICCGSA a cambio de la suscripción del contrato de la obra “Mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa”.
Según la declaración de los colaboradores eficaces N° 01-2019 y 13-2019, a la que tuvo acceso El Comercio, Osorio "habría intervenido en hechos ilícitos vinculados a la obra [...] la cual fuera convocada por el OIM, por encargo del gobierno regional, siendo que se solicitó a la empresa ganadora de la buena pro, ICCGSA, la suma de S/2′000.000 para que esta pudiera cumplir con la suscripción del contrato, [...] dinero que fue entregado a lo largo de la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey [de ICCGSA], quien cumplió con dar parte de lo pactado, S/450.000 en total, efectuado en distintas entregas”.
“Se aprecia que Yamila Osorio, en su condición de entonces gobernadora regional de Arequipa, habría intervenido en hechos ilícitos vinculados a la obra [...] la cual fuera convocada por el OIM, por encargo del gobierno regional, siendo que se solicitó a la empresa ganadora de la buena pro, ICCGSA, la suma de S/2′000.000 para que esta pudiera cumplir con la suscripción del contrato, [...] dinero que fue entregado a lo largo de la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey [de ICCGSA], quien cumplió con dar parte de lo pactado, S/450.000 en total, efectuado en distintas entregas”, añade la resolución de Juárez en su resolución.
En octubre del 2015, por encargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) entonces presidido por Osorio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que está adscrito a las Naciones Unidas como la Unops, convocó a precalificación para la obra que beneficiaría directamente a más de 1.2 millones de personas, según el OIM. Al mes siguiente la OIM comunicó a ICCGSA que había sido precalificada para el proyecto. El otro postor era el Consorcio Mota Engil, conformado por las empresas Mota Engil Perú y Mota EngilEngenharia e Construcao Sucursal del Perú.
Según han detallado los aspirantes N° 01-2019 y 13-2019, el 3 de diciembre de ese año, en la sala de reuniones del organismo internacional, se informó que este consorcio había sido descalificado. Una semana después, OIM informó a ICCGSA que había ganado la buena pro con su propuesta económica ascendente a S/92′604.122,26.
De acuerdo a los relatos, después de conocer la propuesta económica y antes de la adjudicación de la buena pro, un allegado a Osorio (presuntamente su primo), se contactó con Carlos Zariquiey, gerente comercial de ICCGSA, para solicitarle un pago ilegal de S/2′000.000 para la suscripción del contrato. Según los testimonios, esta persona le precisó que el monto era para la entonces gobernadora y que si no realizaban el pago ilícito no se aprobaría la adjudicación.
“Bajo ese condicionamiento la empresa tuvo que acceder a su ilegal pretensión, puesto que existía la posibilidad de que el GRA no aprobara la oferta de ICCGSA con el argumento de que la oferta era superior al 100% del valor referencial, por lo que no se contaba aún con la asignación presupuestal por la diferencia ofertada”, señala el fiscal en su disposición.
Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, representará al Estado Peruano en las investigaciones que Germán Juárez abrió contra los exgobernadores regionales Yamila Osorio y Wilfredo Oscorima, exgobernadores y de Arequipa y Ayacucho. Asimismo, Carrión solicitó la remisión de copias digitales de toda la carpeta fiscal y anexos que se hubiesen generado en ambos procesos preliminares.
(Foto: Andina)
