Este domingo 25 de octubre Chile vive una jornada que pudiera ser histórica, dado que se decide si se avanza o no en la sustitución de la actual Carta Magna del país, heredada del período de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Hace un año, los chilenos expresaron su enojo por la desigualdad y la injusticia a las calles, insistiendo en que reparar los profundos problemas estructurales de la nación requeriría más que una reforma. Dijeron que Chile necesitaría una nueva constitución con más derechos y mejores protecciones sociales. Pronto sabrán si el resto del país está de acuerdo con su diagnóstico.
El referéndum de este domingo consta de dos preguntas: ¿Debería Chile convocar una convención constitucional para redactar una nueva constitución? Si es así, ¿quién debería redactar esa constitución? ¿Una asamblea que comprende la mitad de representantes del Congreso y la mitad de ciudadanos, o una asamblea que comprende sólo ciudadanos?
Las encuestas recientes han indicado un fuerte respaldo a una nueva constitución a pesar de la oposición de los grupos conservadores, y las expectativas entre muchos son altas. Los expertos predicen que los votantes votarán por una nueva constitución. Incluso el presidente Sebastián Piñera: “Creo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere cambiar, modificar nuestra Constitución”, dijo.
Si se aprueba la medida, una convención especial comenzaría a redactar una nueva Constitución que se presentaría a los votantes a mediados de 2022.
La constitución actual de Chile fue redactada por la dictadura del general Augusto Pinochet y fue enviada a los votantes en un momento en que los partidos políticos estaban prohibidos y el país estaba sujeto a una fuerte censura.
Fue aprobado por un margen de 66% -30% en un plebiscito de 1980, pero los críticos dicen que muchos votantes se sintieron intimidados por un régimen que había arrestado, torturado y asesinado a miles de presuntos opositores izquierdistas tras el derrocamiento de un gobierno socialista electo.
Los principios del libre mercado incorporados en ese documento llevaron a una economía en auge que continuó después del regreso a la democracia en 1990, pero no todos los chilenos compartieron. Una minoría pudo aprovechar los buenos servicios privatizados de educación, salud y seguridad social, mientras que otros se vieron obligados a depender de alternativas públicas a veces escasas.
La votación estaba inicialmente programada para abril pasado, pero se retrasó debido a la pandemia COVID-19 que ha causado la muerte de unos 13.800 chilenos, con más de 500.000 personas infectadas por el nuevo coronavirus.
(Foto: EFE)
