La Procuraduría General del Estado firmó el pasado 30 de setiembre un nuevo contrato de fideicomiso que garantizará que la constructora brasileña Odebrecht cumpla con el pago de la reparación civil acordado en el convenio de colaboración eficaz, suscrito entre la compañía, el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.
En junio de 2019, con la aprobación de dicha colaboración con la constructora brasileña, se autorizó también la creación de un nuevo fideicomiso administrado por Cofide y reemplazará al fideicomiso actual de la Ley 30737. A través de este nuevo fideicomiso se asegurarán las cuotas futuras pactadas en el acuerdo con la justicia peruana, cuya suma total aproximada a la fecha es de S/ 650 millones, incluyendo intereses legales.
La negociación y la gestión del convenio financiero fueron lideradas por el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, y de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión. Por parte de Odebrecht, Guilherme Borges de Queiroz y Ricardo Machado Weyll fueron quienes suscribieron el contrato.
Como se sabe, en el acuerdo de colaboración eficaz se fijó que el monto de reparación civil sea de S/ 610 millones. A esto se sumaron otros S/ 150 millones por concepto de intereses legales, por lo que el total es de S/ 760 millones.
Odebrecht ya pagó la primera cuota de S/ 80 millones en noviembre de 2019. Además, por lo menos hay otros S/ 30 millones en el fideicomiso actual destinados a garantizar el pago de la segunda cuota y parte de la tercera. Por lo tanto, el nuevo fideicomiso asegurará el resto de cuotas del Acuerdo por un valor aproximado de S/ 650 millones, cantidad que incluye los intereses legales.
Mediante el fideicomiso de garantía, Cofide les retendrá a cuatro empresas del grupo Odebrecht (CNO SA Matriz Brasil, CNO SA Sucursal Perú, Odebrecht Perú ingeniería y Construcción SAC, y OEC Perú Infraestructura SA), entre el 5% y el 7% de sus ingresos por contratos de obras y servicios con entidades públicas y privadas; el 25% de la venta de sus activos y derechos; y el 100% de los dividendos (utilidades) que reciban estas en las concesiones que integran, con el fin de cubrir la reparación civil que deben pagar al Estado.
(Foto de cabecera: Andina)
