La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes dos denuncias constitucionales contra el legislador de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón. Ambos Ambos informes de calificación, uno por enriquecimiento ilícito agravado y otro por peculado doloso en la modalidad de apropiación agravada, fueron presentados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Los informes que presentó la presidencia de la subcomisión a cargo de Luis Roel Alva (Acción Popular) sobre las denuncias 371 y 372 contra Edgar Alarcón se aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones el primero, y por 9 votos a favor y 4 abstenciones el segundo.
El informe de calificación 371 señala que investigaciones de la fiscalía han determinado un aparente desbalance en el patrimonio de Alarcón Tejada y la existencia de diversos ingresos bancarizados, entre los años 2016 y 2017, por la suma de 275.664 soles, cuyos orígenes y depositarios se desconocen. La subcomisión aprobó el informe contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización con 8 votos a favor y 3 abstenciones de los congresistas Martha Chávez, Carlos Mesía, de Fuerza Popular; y José Vega, de Unión por el Perú (UPP).
El informe de calificación 372 también está relacionado con presuntas acciones ilícitas que habría cometido Edgar Alarcón durante su gestión en la Contraloría. Con esto, el Ministerio Público busca que le levanten el antejuicio político al legislador de UPP por la comisión del delito de peculado doloso bajo la modalidad de apropiación agravada (artículo 387 del Código Penal).
El parlamentario es investigado ya que entre los años 2012 y 2013 habría gastado 8.896 soles, que era dinero de la Contraloría, para su uso personal. En aquel momento, Alarcón era gerente central de Operaciones de la institución. El documento fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 9 votos favor y 4 abstenciones de los legisladores Chávez, Mesía, Vega (UPP) y Gallardo (Podemos Perú).
Tras esta aprobación de los informes y la declaración de procedencia de ambas acusaciones de la fiscal de la Nación, la Comisión Permanente deberá pronunciarse para otorgar el plazo en el cual la subcomisión deberá investigar y emitir un informe final sobre la situación del excontralor.
(Foto de cabecera: Andina)
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