El pleno del Tribunal Constitucional (TC) podría declarar prescritas las deudas de 158 de empresas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los cuales ascienden a S/ 11 mil millones. Las empresas beneficiarias, según informó La República, no están luchando en el TC, no han presentado abogados ni peritajes, ni han salido a explicar a la opinión pública de qué se trata y, supuestamente, tampoco están gastado un sol.
Esto se debe a que el magistrado Ernesto Blume, ponente del caso, ya presentó un proyecto de sentencia que, detrás de una serie de tecnicismos legales, propone declarar prescrita la posibilidad del Estado de reclamar ese dinero.Y, es que, según la ponencia, la Sunat solo dispone de cuatro años para detectar una infracción tributaria, establecer la deuda y cobrarla. Transcurrido ese plazo, ya no puede reclamar nada y cualquier deuda desaparece.
La administración tributaria señala que siempre ha contado con 4 años para detectar una infracción y, a partir de ese momento, otros cuatro años para establecer la deuda y cobrar. Es decir, un plazo total que va de 4 años y 1 día hasta los ocho años, lo que se precisó en la norma del 2017. En ese sentido, el Intendente Nacional Jurídico Tributario de la entidad, Enrique Pintado Espinoza, consideró ilógico pretender que el plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda tributaria se compute antes de haber sido determinada.
Es por ello que para, Pintado Espinoza, el TC debería declarar infundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad que plantea la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421. “Si no se ha determinado la existencia ni la cuantía de una deuda tributaria, es absurdo pretender que corra un plazo para que el cobro de esta prescriba”, manifestó durante el Foro Virtual: “Pago de las deudas tributarias”, organizado por el Congreso de la República.
A través de un comunicado de prensa, reconocidos juristas se mostraron a favor de que el máximo interprete de la Constitución declare prescritas las deudas de más de un centenar de empresas con Sunat. Se trata del expresidente del TC, Víctor García Toma, y el constitucionalista Natale Amprimo. Ambos consideran que si el pleno de esta instancia judicial no falla a favor de la prescripción de las deudas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y principios constitucionales.
En esa línea, pidieron un debate jurídico y ajustado a Ley, a fin de no caer en intercambio de ideas políticas que puedan rozar el populismo. “El análisis de la prescripción tributaria debe ser estrictamente legal y prescindir de argumentos que recurren a la capacidad contributiva de los contribuyentes involucrados en los casos materia de discusión; y a los efectos de la interpretación en la recaudación tributaria del país", indica García Toma.
Lo cierto es que las empresas que encabezan la lista de las 158 empresas que serían beneficiadas con el fallo del TC la encabezan Buenaventura, Latam, Telefónica y Scotiabank, según informó Ojo Público. También integran la lista las cuestionadas Odebrecht, Graña y Montero y Southern Perú.
La presidenta del TC, Marianella Ledesma, ha convocado a una audiencia pública, el martes 22 de septiembre, a fin de tomar una decisión sobre la ponencia presentada por el magistrado Ernesto Blume, quien planteó declarar inconstitucionalidad la citada disposición, a pedido del Colegio de Abogados de la Libertad, que esta semana se desistió de la demanda.
(Foto de cabecera: Andina)
