Una respuesta al abogado de Martín Vizcarra, Roberto Pereira. En su intervención, el congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) señaló que "la vacancia no tiene que ser comprobada ni verificada".
Mesía, quien fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) en el período 2010-2011, hizo referencia a lo que ocurrió con los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
"Fueron desposeídos de sus cargos bajo un juicio político", afirmó.
En ese sentido, resaltó el poder que tiene el Legislativo para hacer juicios políticos.
"Lo importante y lo que tiene que hacer este Parlamento es que tiene que evaluar, no desde el punto de vista jurisdiccional, sino hacer un juicio político. Tendrá que evaluar la conducta del presidente de la República y si esto lo hace indigno del cargo que viene ejerciendo".
Además, resaltó que los juicios políticos corresponden al Congreso y los jurídicos son del Poder Judicial (PJ).
"Juicio político son causas políticas, los delitos son del Poder Judicial. [...] El juicio político tendrá motivaciones políticas, por eso la Constitución no ha regulado, ni puede tipificar, ni acotar las conductas de incapacidad moral", agregó.
Acerca del debate sobre la imprecisa definición de "incapacidad moral permanente" y la posibilidad de que ahora se deba entender como "discapacidad mental", Mesía afirmó:
"Acá no somos médicos, somos políticos. [...] El juicio político que este Congreso tendrá que evaluar no debe tomar en cuenta cuestiones penales. Debemos evaluar desde el punto de vista político".
"El Congreso tendrá que hacerse juicio sobre las bondades, tomando en cuenta la conducta del presidente, los audios, su gestión de la emergencia sanitaria, la crisis económica y la proximidad de las elecciones".
"Este no es un juicio procesal. No somos jueces, somos políticos, emitimos juicios políticos, los delitos penales los ve el Poder Judicial", insistió.
Sigue el debate sobre la vacancia presidencial en el Congreso aquí:
Por la mañana, el presidente Vizcarra se presentó en el Pleno de Congreso. En su intervención, el mandatario resaltó que el único delito del que habrían indicios sería el de las grabaciones que se realizaron en Palacio de Gobierno. Además, mostró las cartas notariales en las que su exasistente, Karem Roca, afirmaba que varias de sus declaraciones difundidas eran falsas.
Por su parte, el abogado Pereira resaltó que no se puede vacar a un presidente en base a presunciones que están en fase inicial de investigación, como es el caso relacionado a Richard Cisneros, quien obtuvo nueve contratos por más de S/175,000 (ciento setenta y cinco mil soles) con el Estado en diferentes gestiones del Ministerio de Cultura sin aparente justificación meritocrática. Por ello, se sospecha presunto tráfico de influencias.
En los audios difundidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso, se escucha coordinar a Vizcarra con su entonces personal de confianza las versiones aparentemente manipuladas que ellas tenían que dar a las autoridades que estaban investigando el caso. Lo que se escucha es que pretendían ocultar información sobre las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno.
[Foto de portada: Andina]
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