El pasado 7 de agosto, se dio un paso importante en el camino hacia la resolución del conflicto relacionado al proyecto minero Antapaccay (Glencore) en la provincia de Espinar (Cusco). Además, en los últimos días, organizaciones sociales vuelven a hacer hincapié en los riesgos que conlleva el proyecto minero Ariana (Junín), que se superpone a lagunas que llevan agua del río Mantaro al río Rímac, fuente de abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana y el Callao.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (respecto a julio), hay 192 conflictos sociales registrados en Perú, y el 67,2% de ellos son socioambientales. Los conflictos mineros siempre serán una materia que debe ser gestionada adecuadamente por el Gobierno.

En un contexto de necesaria reactivación económica, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Miguel Incháustegui, informó, este miércoles, que a pesar de los efectos negativos de la pandemia por el Covid-19, este año espera que se ejecuten 4,800 millones de dólares en inversiones mineras.

El ministro Incháustegui dijo también que se fomentará la exploración minera. Precisó que esto se hará con los proyectos que se encuentran en cartera y que no afrontan un escenario de conflictividad social. Afirmó que se "garantizará la operatividad del sector, fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y social de esta industria", según cita la agencia estatal Andina.

“La idea es que esos proyectos puedan iniciarse en el menor plazo posible”, afirmó.

 El titular del MINEM señaló que hay una cartera de 48 proyectos de construcción de minas para el período 2019-2028 que asciende a 57,772 millones de dólares.  

Detalló que de este conjunto de planes, el 45% se ejecutará en el norte, el 10% en el centro y el 45% en el sur del país. “La mayor parte de estos proyectos están vinculados con la producción de cobre, oro y zinc”, precisó.

Respecto a los casos específicos de los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa), el ministro Incháustegui resaltó que el compromiso del Gobierno es no forzar ningún proyecto que no tenga "aceptación social".  

“Trabajaremos para que eso se logre, pero eso toma tiempo. Hay que tener una actitud y capacidad de escucha, además de respeto. Tenemos que construir la confianza generando espacios de diálogo”, señaló.

En el caso de Conga (Yanacocha), señaló que, como se tienen listos los permisos, se tendría que hacer una "acción con la población y las autoridades de la zona de influencia para evaluar la mejor forma de generar consensos", según cita Andina.  

“El gobierno no tiene actitud de querer imponer, sino se concertar”, afirmó.

 Algo similar dijo sobre el caso específico de Tía María (Southern Copper): “A pesar de tener todos los permisos, la empresa, el gobierno y las comunidades tendrían que iniciar un diálogo y buscar consensos”.  


[Foto de portada: Andina]


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