Tras cuatro horas de diligencias de investigación en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, del Ministerio Público, unto a peritos de Criminalística y personal de Homicidio de la Policía Nacional del Perú (PNP), determinó que que no se encontraron indicios ni evidencias de uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos policiales.

Así lo dio a conocer el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Orlando Velasco, quien informó sobre el primer examen pericial al local donde el último sábado fallecieron 13 personas tras una intervención policial en el marco del estado de emergencia decretado por lo el Gobierno por la COVID-19, que prohíbe la realización de eventos sociales y familiares en todo el país.

Velasco adelantó a Punto Final que este lunes se realizará un segundo examen por parte del fiscal a cargo de las investigaciones, donde espera que se ratifique este primer resultado encontrado por los peritos de la Policía Nacional. “Reafirmo la posición institucional de la Policía Nacional, que no se ha utilizado gases lacrimógenos ni armas de fuego en esta intervención”, indicó el jefe policial, quien reiteró que los agentes del orden no cerraron la puerta ni tampoco se dispuso que las mujeres salgan primero. 

Precisó además que en el momento que se separó a los hombres de las mujeres para ser identificados y detenidos, varios de ellos arrojaron botellas y vasos a los policías, lo que dio lugar a una estampida de personas tratando de escapar de la discoteca, las cuales quedaron atrapadas en una estrecha escalera que daba hacia la puerta cerrada.

Asimismo, el comandante general de la PNP informó que al momento existen 24 personas detenidas por este incidente: los 22 detenidos en el lugar de los hechos, además del propietario del local, identificado como Leandro Montoya Callirgos. Según declaraciones del propietario, el local estaba alquilado a Judith Yolanda Ortega Godoy, quien tenía como administradora de la discoteca a Noemí Ruth Bautista Ayala, presuntamente las organizadoras del evento. 

Precisó que los administradores de la discoteca podrían ser denunciados por homicidio y encubrimiento real, en tanto que el propietario del establecimiento por homicidio culposo. Los otros detenidos serían denunciados por violencia y resistencia a la autoridad, y contra la salud pública. 

Por su parte, en diálogo con RPP, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, consideró que su responsabilidad "es estrictamente emocional, como alcalde de Los Olivos". Castillo reconoció problemas en su gestión para realizar labores de fiscalización debido a la pandemia y a problemas financieros. En ese sentido, señaló que el Serenazgo y Fiscalización del distrito se encuentran "muy diezmados" y con poca posibilidad de contratar personal. 

"Era una fiesta clandestina. Mucho se ha dicho que no fiscalizamos en tiempo de pandemia y eso no es tan cierto. Cumplimos con nuestra labor fiscalizadora en la medida de nuestras posibilidades", señaló el alcalde.

En ese sentido, detalló que actualmente el área de Fiscalización del distrito cuenta con 23 personas recién contratadas, las cuales son exclusivamente para resguardar los mercados y evitar aglomeraciones. Solo quedan 12 para otras labores, comentó. "Soy hombre viejo para lavarme las manos. Yo puedo tener 20 años en la Alcaldía, pero esta es la primera vez que tenemos un evento distinto. La pandemia ha afectado la gestión", añadió Castilllo.

DATO

Dado que una importante cantidad de detenidos y víctimas de la discoteca tenía COVID-19, los efectivos que intervinieron el local pasarán a cuarentena en el Centro de Aislamiento de la PNP en Puente Piedra, hasta que se le practique la prueba de descarte.

(Foto de cabecera: Andina)

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