La vulnerabilidad de los pueblos amazónicos ante el COVI-19 aumenta cada día. No obstante que desde un inicio cerraron sus fronteras, esto no impidió que el virus llegara. Sea porque hubo comuneros que regresaron a sus comunidades luego de estar en las ciudades, o porque personas ajenas ingresaron al no tener dónde ir, o incluso por la entrega de ayuda de parte de autoridades pero sin los protocolos necesarios, o porque quienes tienen acceso a los programas sociales del gobierno tuvieron que salir y luego retornar a sus pueblos llevando consigo el virus.
Y si bien el Gobierno ha llevado a cabo medidas para atender a los pueblos originarios amazónicos estas no han sido ni suficientes ni del todo eficaces. Por ello es que las organizaciones amazónicas exigen una debida atención sanitaria, que se suma a demandas que llevan años: salud, infraestructura, titulación de tierras, justicia ambiental, remediación ambiental, consulta previa, entre otras.
En este contexto, y en solidaridad con los peruanos amazónicos, más de 100 organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional respaldan sus demandas y han firmado una carta pública dirigida al presidente Martín Vizcarra en la que solicitan la implementación de medidas urgentes e inmediatas ante la muerte de cientos de indígenas amazónicos debido a la COVID-19 y que se inicie el diálogo exigido por la organización indígena Aidesep y sus bases hace más de un mes.
De hecho, el gobierno, a través del nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Walter Martos, ha anunciado algunas medidas a favor de los pueblos indígenas pero a más de cinco meses de haberse declarado la emergencia por la pandemia, las comunidades amazónicas aún no tienen acceso a medicinas, atención médica y alimentos seguros que les permitan sobrevivir a esta crisis sanitaria.
La carta solicita también postergar las actividades vinculadas a la reactivación económica que pongan en riesgo la salud de las comunidades indígenas. Considerando los impactos sociales y ambientales y el alto nivel de ilegalidad de muchas de estas actividades, los firmantes compartimos la desconfianza que los pueblos indígenas sienten con respecto a que se cumpla y se supervise la implementación de los protocolos de bioseguridad.
Los ataques, amenazas y asesinatos de líderes indígenas que han continuado y se han agravado durante estos meses de pandemia, así como el reciente enfrentamiento ocurrido en Requena con un saldo de al menos tres indígenas muertos (William López Ijuma, Chemilton Flores Crispin, Elix Ruiz Ortis) y decenas de heridos, son muestra de la precariedad, el abandono y la desesperación en que se encuentran las comunidades indígenas de la Amazonía Peruana. Consideramos que la mención explícita a la situación de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ante el Congreso de la República, es una buena señal y esperamos que marque el inicio de la implementación inmediata de las urgentes acciones necesarias.
Estos son los puntos básicos
1. Agendar una reunión de trabajo directa entre los líderes indígenas, el Presidente de la República, Sr. Martín Vizcarra, y su gabinete de ministros.
2. Atención médica urgente a disposición de los pueblos y comunidades, que incluya medicinas, oxígeno, personal médico y equipos de bioseguridad tanto para el personal médico como para el equipo a cargo del transporte, los pacientes y sus familias. Con el fin de viabilizar el envío de medicamentos y facilitar los mecanismos de traslado para las personas infectadas por el COVID-19 en comunidades, se requiere articular acciones entre todos los niveles del Estado, incluyendo cuando sea necesario a la Fuerza Aérea y a la Marina.
3. Fortalecer la labor que vienen desempeñando los agentes comunitarios de salud, con servicios y equipos de “telemedicina” que permitan brindar asesoría y supervisión por parte de médicos y enfermeros mediante teléfono o radio para las zonas que cuentan con cobertura.
4. Postergar la reactivación de actividades económicas y extractivas cercanas a las comunidades debido a que éstas aumentarían el riesgo de contagio entre la población indígena, abriendo la posibilidad de un etnocidio. Tampoco se debe reactivar tales actividades en áreas cercanas ni sobrepuestas con las reservas para los Pueblos Indígenas aislados y en contacto inicial (PIACI) ni en las áreas solicitadas a favor de los PIACI.
5. Suspender los procesos de consulta previa presenciales hasta que la situación de riesgo de contagio para las comunidades haya desaparecido, y descartar de modo definitivo la propuesta de consultas previas virtuales.
6. Coordinar directamente con las organizaciones indígenas el diseño e implementación de mecanismos cultural, sanitaria y físicamente viables para retomar la educación escolar de niños, niñas y adolescentes indígenas que no tienen acceso apropiado a internet, a señal de radio, o a otro medio remoto de comunicación.
