El Acuerdo de Escazú es un instrumento pionero para la protección ambiental con un enfoque de derechos humanos en América Latina y el Caribe y no amenaza nuestra soberanía nacional. "Lamentamos que se venga difundiendo información errónea sobre este Acuerdo, cuando en el mismo texto del tratado, en su artículo 3, se menciona que el 'principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales' guiará su implementación, garantizando así el respeto a la soberanía de cada país miembro", señala Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales y de la gestión de recursos naturales, permitirá una mayor transparencia en materia ambiental y traerá beneficios para la pesca y la conservación marina.
“Uno de los sectores que será más beneficiado con la firma de este tratado es el pesquero porque permitirá la actualización de la información sobre los recursos y la actividad pesquera de manera oportuna, sistematizada y organizada. Además, dicha información deberá ser actualizada en un periodo no mayor de cinco años”, detalla Heck.
Poca transparencia en la información del sector pesquero
Hoy en día, la transparencia en el sector pesquero peruano es incipiente. "La información del Imarpe y de Produce no está a disposición del público de forma oportuna, organizada, ni en formatos accesibles que permitan su reproducción y procesamiento. Además, la difusión periódica de esta información depende de la voluntad de la gestión de turno", añade.
Entre la información relevante para el manejo pesquero que se desconoce o que no está actualizada, está la situación de las principales especies explotadas por las pesquerías artesanales y lo relacionado con el impacto de las artes y aparejos de pesca utilizados dentro de las primeras 5 millas marinas. En ambos casos, la información es necesaria para determinar qué tan adecuadas son las medidas de manejo vigentes.
Esta situación había sido ya señalada en un estudio de Oceana realizado en el 2017, donde casi la totalidad de encuestados del sector opinó que la transparencia no se ejerce o se ejerce parcialmente.
A esto se suma que en el Perú no existen disposiciones explícitas para asegurar la transparencia en el sector pesquero, ni en la Ley General de Pesca, ni en su reglamento.
Mayor participación ciudadana
Heck explica también que otro beneficio del Acuerdo para el sector pesquero será la institucionalización de mecanismos de participación pública, pues hoy no contamos con mecanismos formales de participación pública en el proceso de toma de decisiones, que registren y valoren adecuadamente la opinión de los actores interesados en la gestión pesquera. “Actualmente, solo se reciben comentarios del público en la etapa de pre-publicación de un proyecto normativo, pero no se conocen los resultados sobre cómo se evalúan y valoran los aportes”, resalta.
Según el Acuerdo de Escazú, esta participación se dará desde la etapa inicial de diseño o revisión de planes, programas, normas, reglamentos, proyectos y actividades que tengan o puedan tener impacto en el ambiente marino y los recursos hidrobiológicos. Asimismo, los actores interesados tendrán garantizado el acceso oportuno a la información para participar en el proceso de toma de decisiones y conocerán los fundamentos de las decisiones adoptadas y cómo fueron incorporados sus aportes.
"Oceana Perú recomienda que el Estado ratifique dicho instrumento internacional y promueva su implementación y el ejercicio pleno y oportuno de estos derechos", enfatiza su directora de políticas.
Foto: Oceana Perú
