El Acuerdo de Escazú es uno de los instrumentos ambientales más importantes de América Latina y el Caribe al promover el acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, desarrolla principios adoptados en nuestra Ley General del Ambiente.
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda” (Principio 10).
El acuerdo regional fue adoptado en mazo del 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y ya ha sido firmado por 22 países, entre ellos el Perú. Su ratificación depende exclusivamente del próximo Congreso.
El año pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de Resolución Legislativa, junto con el expediente que contiene las opiniones técnicas favorables de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, y los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Ambiente, Energía y Minas, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes y Comunicaciones, Producción, así como la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sin embargo, en las últimas semanas gremios empresariales, sobre todo extractivistas, iniciaron una campaña de desinformación en diversos medios de comunicación. Al punto que el nuevo jefe del gabinete ministerial estaría a punto de dejar el tema para su discusión en el siguiente Congreso.
Para analizar este acuerdo, conversamos con dos expertos: Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia y exviceministro de Interculturalidad.
