La libraron. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, archivó  la denuncia presentada contra la exvicepresidenta, Mercedes Aráoz, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y otros en agravio del Estado, luego de que jurara como presidenta de la República el 30 de septiembre de 2019, tras conocerse que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso.

La misma decisión tomó la titular del Ministerio Público, en el caso de Pedro Olaechea, quien fue presidente del Parlamento, y la exlegisladora Milagros Salazar, a quienes se le acusó en ese entonces por los presuntos delitos de conspiración, nombramiento ilegal, usurpación, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional, y contra la fe pública.

Según la denuncia, se habría incurrido en una presunta usurpación de funciones por irrogarse la condición de congresistas después de la disolución y en esa condición declararon la “incapacidad temporal” del mandatario. Sin embargo, en la resolución fiscal de Ávalos, firmada desde marzo, se señala que no existían los méritos para desarrollar una investigación contra los denunciados.

resolución de la fiscal de la nación (el comercio)

“No haber mérito para promover una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, conspiración, nombramiento ilegal, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional y falsificación de documentos en agravio del Estado”, indica el documento. 

La fiscal de la Nación concluyó que estos actos políticos no tuvieron efecto jurídico alguno, debido a que Aráoz no ejerció ninguna función y renunció al cargo antes de realizar algún acto oficial, por lo que, desde ese punto de vista, Ávalos consideró que las conductas atribuidas no tuvieron una afectación concreta al bien jurídico protegido por el tipo penal que sanciona la usurpación de funciones.  

“La (ex)segunda vicepresidenta juramentada, no ejerció ninguna función y ‘renunció’ al cargo antes de realizar acto oficial alguno. Desde el punto de vista, las conductas atribuidas, no tuvieron una afectación concreta al bien jurídico protegido”, se indica.

El documento fiscal señala que la denuncia contra los exfuncionarios se produjo “en un contexto de tensión política” crítica entre el Ejecutivo y el Congreso. Ello, debido a que el 30 de setiembre del 2019, cuando el Congreso iniciaba la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del parlamento. 

Como se recuerda ,la disolución se produjo luego que el Congreso denegó de manera “fáctica” la cuestión de confianza que había plantado Vizcarra debido al proceso de selección de los magistrados del TC. Esto último, llevó a que el caso sea analizado por el TC vía un demanda de conflicto competencial que declaró constitucional la disolución del Congreso.

El Ministerio Público precisa también que no puede estar ajeno a la dicha coyuntura de orden político, por lo que se concluye que al no haberse realizado ningún acto funcional por parte de Aráoz, esta no habría incurrido en ningún acto delictivo, pese a haber juramentado para asumir la presidencia de la República, luego de que el Legislativo impulsara una suspensión contra el jefe del Estado. 

Lo cierto es que la también exministra no se mantuvo en el cargo mucho tiempo y presentó su renuncia a la vicepresidencia de la República y a la encargatura del Gobierno días después de este suceso. La renuncia fue aceptada recién el pasado 7 de mayo por el actual Parlamento.

(Foto de cabecera: RPP)

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