La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso de la República dos denuncias constitucionales contra el parlamentario y excontralor Edgar Alarcón Tejada, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, según informó el periodista Christopher Acosta. Mediante este pedido, la titular del Ministerio Público solicita también la autorización de su levantamiento de inmunidad de proceso, a fin de que las investigaciones puedan continuar.

La demanda contra el congresista Unión por el Perú (UPP) por el ilícito de peculado doloso está referido al pago de contratos simulados de servicios en la Contraloría General de la República que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 81.121,73, con el presunto objetivo de beneficiar a terceras personas. 

Según el documento fiscal, la entidad buscaba sustentar los servicios “ficticios” o “simulados” de 35 recibos por honorarios electrónicos cancelados con fondos de la caja chica de la entidad fiscalizadora por la suma de S/ 31.417,39. También por 15 recibos más que fueron cancelados con fondos públicos provenientes de la cuenta de recursos directamente recaudados de la institución, por el importe de S/ 48.704,34.

Respecto al otro delito que se le imputa, el de enriquecimiento ilícito, se indica que es por el desbalance patrimonial que identificaron en el parlamentario, entre sus gastos e ingresos en un periodo de 11 años. Según se precisa, en el periodo en que fue contralor llegó a ser de S/ 201.337,00.

Sumado a esto, desde el 1 de enero del al 8 de junio del 2016, sus ingresos alcanzaron la suma de S/ 5.849.659,22 y sus gastos llegaron a S/ 7.127.539,05 registrándose S/ 1.278.169.83 de exceso. Asimismo, se ha identificado depósitos bancarios por S/ 1.593.016,18 de origen desconocido.

Como se recuerda, el ahora presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo fue destituido del liderazgo de la Contraloría General de la República por el mismo Congreso en el 2016, ante los cuestionamientos de presuntos actos de corrupción en su contra. Pese a que sus procesos legales eran conocidos desde antes de ser elegido representante de Arequipa, Alarcón postuló con el número 1 de la lista de candidatos por esta región por el partido Unión Por el Perú. 

De acuerdo al artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso, las denuncias presentadas son derivadas inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. Precisa también que este grupo de trabajo, presidido por Luis Roel, es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional.

(Foto de cabecera: Andina)

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