Columnista invitado: PNUD-Perú
Nuestra Amazonía, la región más extensa y biodiversa del Perú, es fuente de vida y esperanza que fluye como una red que conecta pueblos indígenas, bosques, cuencas hidrográficas y especies únicas de flora y fauna. Si bien la salud de nuestro planeta depende en gran medida de esta región, a lo largo de los años ha sufrido distintos niveles de afectación generados por la actividad minera y petrolera, la minería ilegal y tala indiscriminada que colocan a las poblaciones en un escenario de incertidumbre frente al futuro de sus territorios y de las próximas generaciones. Más aún ahora ante los efectos de la pandemia del COVID-19. De ahí, la transcendencia de los monitores ambientales como vigilantes comunales de los territorios.
El brote del coronavirus ha dejado en evidencia la doble vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas en el Perú, debido a su marginación histórica y aislamiento geográfico, así como a los problemas estructurales del sistema de salud, la débil respuesta institucional a nivel subnacional y un evidente subregistro de los impactos del virus por la falta de capacidad para desagregar información sobre estas poblaciones. Frente a esto, una vez más los pueblos originarios se organizan para proteger sus vidas y territorios, aportando desde su perspectiva a los esfuerzos del Estado peruano para enfrentar esta emergencia sanitaria y sus consecuencias, promoviendo así una efectiva gobernanza.
Para contribuir a esos esfuerzos, se debe considerar retomar experiencias como la del Estudio Técnico Independiente (ETI), en el que los monitores ambientales indígenas fueron clave. Este estudio —encargado desde el Gobierno peruano y las federaciones indígenas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— se orientó a desarrollar propuestas para la remediación de afectaciones socioambientales causadas por las operaciones petroleras en el ex lote 1AB en Loreto, al igual que a robustecer el diálogo en aras de disminuir la conflictividad social. Una experiencia afianzada gracias a los monitores ambientales y su sistema de información eficiente, participativo y respetuoso de las costumbres ancestrales y la relación con la naturaleza. De esta manera, su vínculo con el territorio y conocimiento profundo sobre el mismo, al igual que el uso de herramientas digitales y su legitimidad con las poblaciones, fueron determinantes en el proceso.
Estos activos también pueden aportar frente a la reactivación de actividades económicas en esta emergencia por el COVID-19. Por ejemplo, las federaciones indígenas de Loreto, con la retroalimentación de los monitores ambientales, han trabajado propuestas de protocolos de prevención de contagios del virus, que plantean una respuesta intercultural de las entidades competentes y las empresas involucradas frente a contingencias ambientales, posibles derrames y para las labores de monitoreo ambiental. Estas propuestas han sido remitidas al Ministerio del Ambiente (Minam) y puestas en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de abrir un diálogo y aportar a las herramientas que se trabajen desde el Estado peruano.
Recogiendo este vasto potencial de los monitores ambientales, el PNUD junto con la Agencia Sueca de Protección Ambiental trabajaremos un piloto con los Comités de Monitoreo Ambiental (CMVA) de Áncash y los Programas de Monitoreo Territorial Ambiental Indígena (PVTAI) de Loreto para facilitar el intercambio de experiencias y visiones entre los monitores de las áreas andinas, que observan las actividades mineras; y los monitores en los territorios amazónicos, que vigilan las actividades del sector hidrocarburos.
Este año, el monitoreo ambiental iniciará con una evaluación de la situación actual, la sensibilización y educación frente al COVID-19, la incidencia para promover el uso de la información generada por los monitores, así como la planificación de futuros encuentros. De este modo, este intercambio de experiencias y buenas prácticas como monitores ambientales permitirá fortalecer la gestión interna de ambos modelos, con el objetivo de incluirlos dentro de los instrumentos de gestión ambiental e incentivar la elaboración de una agenda nacional para una mayor presencia frente al Estado, cuyo componente participativo ayude también a disminuir la conflictividad social. Una agenda que ponga en el centro la protección de todas las poblaciones y sus territorios.
