La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó la norma que permite el congelamiento de deudas durante la crisis sanitaria a causa de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. El dictamen permite un período de gracia de 90 días para el pago de créditos y la posterior reprogramación hasta por cinco años sin modificar las tasas de interés. El documento, según advirtieron la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR), va en contra de lo dispuesto por la Constitución.

En un documento remitido este lunes por la SBS al presidente del Congreso, Manuel Merino, se señala que el proyecto no analiza las consecuencias legales de las reprogramaciones impuestas por ley. "La responsabilidad y equilibrio que debe guardar la empresa del sistema financiero al decidir sus estrategias y políticas de crédito y de pasivos se rompe cuando las pérdidas en las que incurre no provienen de sus propias decisiones, sino de políticas impuestas por ley”, señala el documento. 

En declaraciones a Canal N, la titular de la SBS, Socorro Heysen, advirtió que si el Congreso aprueba el proyecto de ley de congelamiento de deudas, los bancos no asumirán las pérdidas de sus ahorristas. Explicó que la SBS no podrá exigirle a las entidades financieras a que repongan el capital perdido por los ciudadanos, pues estas podrán escudarse en la misma ley que promueve el Legislativo. 

“Cuando una ley del Congreso obliga a entidades a reprogramar deudas, está eximiendo a las entidades de proteger los ahorros del público, porque pueden decir que han tenido pérdidas, no por una mala gestión, sino por una ley del Congreso”, manifestó Heysen.

La funcionaria resaltó que cuando los bancos reprograman créditos por iniciativa propia e incurren en pérdidas, el regulador puede exigirle a los accionistas que devuelvan el dinero de sus clientes. Pero si la decisión viene desde el Estado, pueden indicar que no fue su responsabilidad. En ese sentido, precisó que los bancos son instituciones que se apalancan en los depósitos de sus clientes. “Nueve de cada 10 soles que va a prestar un banco es dinero de los ahorristas”, indicó Heysen. 

“Nadie le ha preguntado a los ahorristas si quieren que su dinero sea puesto en riesgo por este tipo de proyectos”, añadió.

El superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, Jorge Mogrovejo, resaltó que el problema con dicho dictamen es que mete en el contrato de privados. "Como señala la Constitución, es difícil que mediante ley se cambie de esa manera”, aseguró. Por ello la SBS sostiene que las pérdidas en las que incurriría el sistema financiero “ya no serían solo de su exclusiva responsabilidad, sino también de un poder del Estado que introdujo un desbalance en su gestión financiera”. 

Lo cierto es que el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congresoha excluido a las cajas municipales, rurales y edpymes de esta reprogramación. Sobre este punto, se advierte otro problema de corte constitucional. Ante ello la SBS menciona en su carta, tomando como base el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que el Legislativo no puede ser generador de diferencias. 

El Banco Central de Reserva también cursó una carta el pasado 26 de junio al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, José Luna, en la cual advierte sobre otros problemas en el dictamen que no han sido analizados debidamente. En la misiva, a la que tuvo acceso El Comercio, se considera que la propuesta otorga un mismo beneficio sin focalizarlo en los verdaderos afectados. 

Si bien el dictamen solo excluye al trabajador dependiente que se encuentre en calidad de activo a la fecha de presentada la solicitud, el BCR sostiene que con ello se permitiría que personas de altos ingresos reprogramen sus deudas y tengan un alivio financiero por sus compras con tarjetas de crédito, de automóviles y de propiedades, con lo cual el propósito del dictamen se pierde. 

Para el BCR, este escenario afectaría “al sistema financiero y sus ahorristas” y obvia que las propias entidades ya ofrecen reprogramaciones a sus clientes. “Este trato inequitativo se corregiría si en su lugar se considera un límite general del saldo de la deuda de consumo, el que podría no exceder por ejemplo [de] S/10 mil”, finaliza su carta.

Conflicto de intereses

Los integrantes del grupo de trabajo presidido por José Luna Morales, tienen préstamos pendientes de pago con diferentes bancos. "Acá no hay conflicto de intereses (…) no es para mí, es para el pueblo", señaló la congresista María Gallardo (Podemos Perú) y autora de la norma.  

Según un informe de Perú21, cuatro integrantes de la comisión tienen deudas con los bancos, por lo que serían directamente beneficiados con esta ley. Sin embargo, ellos lo niegan. "Las personas de quinta categoría no somos afectos a este proyecto de ley y no necesito en realidad que me congelen mi deuda porque vengo pagando", manifestó la legisladora Robertina Santillana (APP).  

(Foto de cabecera: Andina)

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