A pesar de que el Gobierno y las clínicas privadas llegaran a un acuerdo sobre la tarifa para el tratamiento de pacientes con COVID-19, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia, un día después, que el Ministerio de Salud (Minsa) pueda usar las instalaciones de las clínicas en casos de emergencia sanitaria. La norma fue aprobada con 110 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

La medida forma parte de la autógrafa de los proyectos de ley 4865, 4872, 4926 y 5251, que buscan garantizar el servicio público de salud cuando exista un elevado riesgo hacia la vida de la población. En ese sentido, se establece que durante la declaratoria de emergencia sanitaria, los equipos biomédicos e infraestructura de los centros y establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del Minsa en calidad de ente rector del sistema nacional de salud.

Según la modificación del artículo 8° del DL, el Minsa definirá los planes de acción para disminuir el riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, así como las acciones necesarias para cubrir los costos en que se incurran por el mantenimiento de los equipos, insumos y medicamentos por parte de este sector. Ello se realizará con el presupuesto asignado para la emergencia sanitaria, priorizando los lugares del país donde se detecten los mayores índices de riesgo y letalidad.  

“Durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria, los equipos biomédicos e infraestructura de los centros y establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del Ministerio de Salud (Minsa) en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Salud, que definirá los planes de acción para disminuir el riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, así como las acciones necesarias para cubrir los costos, debidamente sustentados y acreditados, que se incurran por el mantenimiento de los equipos, insumos y medicamentes por parte de este sector, con el presupuesto asignado para la emergencia sanitaria, priorizando los lugares del país donde se detecten los mayores índices de riesgo y letalidad”. Asimismo, se establece que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) “supervisa y sanciona” a los centros de salud privados que incumplan la presente norma. 

Asimismo, la nueva ley señala que de manera excepcional, y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, se suspenda la exigencia del servicio rural y urbano marginal de salud (Serums) como requisito para contratar personal de la salud en los establecimiento del Minsa. También se incluye a las direcciones o gerencias regionales de salud, el Seguro Social de Salud (Essalud), y la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. 

De otro lado, se estableció que Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) supervisará y sancionará a los centros y establecimientos de salud privados frente al incumplimiento de las disposiciones señaladas en la norma.

Luego de conocerse el ultimátum que el presidente Martín Vizcarra ledio dio a las clínicas para llegar a un acuerdo sobre una tarifa para los pacientes con COVID-19, el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, recordó que el Poder Ejecutivo observó la Ley aprobada por el Congreso, que modificaba los artículos 8 y 9 del decreto legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público en salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones. 

“Me quiero referir a este proyecto de ley que el Congreso aprobó, que debatió, que fue presentado en la Comisión de Salud el 4 de mayo, fue aprobado el 21 de mayo y observado por el Ejecutivo y retornado el 17 de junio […] ¿Qué decía la norma? Establecía dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público en salud en caso exista riesgo elevado por la salud y la vida de las poblaciones”, destacó.

Así, la propuesta de la norma permitía al Minsa usar la infraestructura de las clínicas privadas.  “Esta norma fue observada por el Ejecutivo y fue observada recogiendo la Constitución Política, lo que comprende los derechos de la libre iniciativa privada”, agregó Merino. 

(Foto de cabecera: Andina)