Con nombre y apellido. Funcionarios públicos que trabajan en la capital y en dependencias de 13 regiones del país firmaron declaraciones juradas de recepción de canastas de víveres que estaban dirigidos a las familias vulnerables en el marco de la pandemia por la COVID-19. Estos alimentos fueron adquiridos con fondos transferidos por el Estado por los municipios provinciales y distritales a favor de las familias que por la inmovilización social no cuentan con ingresos.

La base de datos de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República, a la que tuvo acceso el diario La República, reveló que son casi medio centenar los funcionarios de dependencias públicas los que aparecen con su rúbrica y DNI como receptores de las canastas de comestibles. Se comprobó también que estos servidores estatales reciben sueldos de más de 5 mil soles mensuales y no pertenecen a la población necesitada de la asistencia alimentaria en el contexto del nuevo coronavirus. 

Hace solo unas semanas, en una conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack informó que más de 4 mil 200 servidores públicos aparecían como receptores de los comestibles de emergencia. Ahora se sabe que de este total casi 50 son funcionarios públicos con ingresos superiores a los 5 mil soles mensuales, los que recibieron bolsas, costales o cajas con alimentos de primera necesidad. 

Contraloría detectó 740 casos en Lima (19%), 465 en Loreto (12%) y 384 en Piura (10%), regiones que concentran a la mayoría de afectados por el nuevo coronavirus y donde los alimentos y las medicinas son una cuestión de vida o muerte. Un proceso de verificación y cruce de datos de la plataforma de Rendición de Cuentas dio como resultado que más de 30 de estos funcionarios laboran en las direcciones regionales de Educación (65%), 15 en las direcciones regionales de Salud (14%) y los demás en otras dependencias como los gobiernos regionales, universidades estatales y el Poder Judicial, entre otros. 

La base de datos indica que en la región Piura se registraron hasta 10 casos de funcionarios públicos que, ganando un sueldo mensual superior a los 5 mil soles, estamparon sus firmas en las declaraciones juradas de recepción de las canastas de alimentos de primera necesidad.  Le sigue en cantidad, Huancavelica, con 6 casos; Ucayali, con 5; Lima capital y provincias, 4 casos, al igual que Áncash, con el mismo número. También Arequipa y Loreto, cada una con 3 casos. 

Algunos municipios han anunciado que emprenderán acciones legales, como el caso del distrito de San Isidro, que mediante comunicado anunció que denunciará a la funcionaria de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la abogada Laura Ramírez Agüero, por haber recibido indebidamente una canasta de alimentos de primera necesidad que correspondía a familias en situación vulnerable. 

El municipio de San Isidro es el primero en denunciar a un funcionario público por presuntamente haber ocultado dicha condición para obtener una canasta de alimentos. Le imputa a Ramírez el presunto delito de falsedad ideológica. Contactada la funcionaria, respondió que no daría declaraciones. Según La República, el Ministerio Público ha requerido información sobre los funcionarios que aparecen en las declaraciones juradas de los municipios como receptores de canastas de alimentos.

(Foto de cabecera: Andina)

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