El pasado 6 de abril, el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aprobaron y firmaron el Decreto Legislativo Nº 1455 con el que se creó el programa de préstamos a empresas "Reactiva Perú”. El objetivo expreso de esta norma fue "asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19". En el artículo 6, acerca de los alcances y condiciones para acceder al programa, se estableció que no eran elegibles como beneficiarias las empresas vinculadas a Empresas del Sistema Financiero (ESF). Es decir, no se permitiría que empresas vinculadas a bancos se beneficien con este programa de préstamos.
Sin embargo, cinco días después, el once de abril pasado, los mismos integrantes del Poder Ejecutivo aprobaron y firmaron el Decreto Legislativo Nº 1457, con el que se modificó el anterior decreto. Una de las cosas que cambiaron fue el artículo 6. Si antes se impedía que empresas vinculadas a algún banco se beneficien, ahora la restricción solo indicaba que las empresas no podían recibir préstamos de un banco del mismo grupo económico. La clave fue agregar la palabra "otorgante". Con ello, una empresa vinculada a un banco podía recibir el préstamo, pero solo de otro banco perteneciente a un grupo económico distinto.
A esto que podemos denominar "créditos cruzados", hizo referencia el presidente del Consejo de Ministros. Este domingo, se publicó la entrevista que le hizo Enrique Patriau a Zeballos en La República. En ella, el periodista le empieza por preguntar si reconocían alguna "responsabilidad política" por lo que el fiscal José Domingo Pérez consideró un "escándalo" por Reactiva Perú.
Zeballos contestó que el Gobierno actuó de "buena fe" y que el que otorga los créditos son los bancos, no el gobierno (el Estado está siendo garante).
"Mire, cuando se decidió por Reactiva Perú a través de un decreto legislativo sujeto a los controles del Parlamento, se pensó en una reactivación económica y, en esa misma norma, se establecieron unos requisitos que tenían que ser asumidos por el sistema financiero que es, finalmente, el que otorga los créditos, no nosotros. No trato de eludir una responsabilidad, sino (me refiero) a la buena fe con la que impulsó este programa el gobierno".
Zeballos afirmó que la preocupación del gobierno fue que "no se rompiera la cadena de pagos, evitar que haya una afectación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en las remuneraciones pendientes".
"[...] y por eso establecimos requisitos mínimos: que no se tenga deudas tributarias mayores a una UIT, que (los que quisieran acogerse) no estuvieran calificados en el sistema financiero con problemas potenciales. Ahora, esto pasa por el filtro de Cofide y finalmente es el sistema financiero el que otorga. Como gobierno central nos comprometimos a reactivar la economía".
Ante las críticas y presuntos aprovechamientos, el presidente del Consejo de Ministros, adelantó que el propio Ejecutivo pedirá explicaciones al sistema financiero por algo que consideró "inconcebible", pero que está permitido con la modificatoria que se hizo vía decreto al programa Reactiva Perú.
"A través del Ministerio de Economía y Finanzas se está pidiendo explicaciones al sistema financiero y a Cofide, porque sería inconcebible que se encuentre créditos que hayan sido otorgados para pagar otros créditos obviamente a tasas más elevadas, o que se encuentren créditos cruzados, es decir, que parten de un grupo económico y se cruzan con otro grupo económico, se sabe que son cuatro bancos fuertes en el país, ¿no? En el artículo del decreto legislativo se establece -claramente- que las empresas que se acojan no pueden usar el dinero para pagar obligaciones financieras previas. Por eso, la información tenemos que revisarla y se ha pedido toda, como corresponde".
Por otro lado, acerca de algunas empresas que se han visto beneficiadas por estos préstamos pero han despedido a gran parte de su personal, Zeballos respondió que "de ninguna manera" podía estar de acuerdo con que el dinero recibido de los préstamos sea usado para pagar despidos.
"Esta norma no estaba para impulsar, auspiciar o pagar despidos, de ninguna manera. Era para no romper la cadena de pagos y, segundo, pagar remuneraciones pendientes. Se trataba de ayudar a la economía de los trabajadores".
Al respecto, no quiso reconocer "responsabilidad política" en el gobierno y reiteró que el Ejecutivo tuvo "buena fe".
"¿Responsabilidad política por una medida extrema para impulsar la economía? En todo momento ha habido transparencia y buena fe. Lamentablemente es un proceso donde participan distintos actores. Nosotros lo hacemos como garantes. Es el Banco Central de Reserva el que licita, Cofide el que interviene y es el sistema financiero el que otorga los créditos".
"Es que responsabilidad política es una expresión bastante fuerte. Lo que sí le enfatizo es que ha habido una clara y comprometida intención del gobierno con la reactivación económica".
[Foto de portada: Andina]
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