Escribe: Paolo Sosa-Villagarcia *

NEW HAVEN: En marzo, Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en introducir medidas de contención en la región, imponiendo la cuarentena más drástica. Los medios internacionales celebraron que el país tomara medidas tan radicales, especialmente dada su capacidad para lanzar ambiciosas políticas fiscales y de alivio de la pobreza para equilibrar el impacto económico de la contención y asegurar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.

Siguiendo esa línea, algunos observadores argumentaron que "tres décadas de disciplina fiscal y baja deuda pública", junto con un crecimiento económico constante, colocaban al país en una posición ventajosa en relación con sus pares, no solo para gastar esos recursos frente a una crisis, pero también para asegurar el acceso a líneas de crédito favorables de organizaciones multilaterales. En otras palabras, se suponía que las medidas de austeridad eran responsables de la posición favorable del Perú.

Sin embargo, tres meses después, los medios internacionales informan sobre el fracaso de esta respuesta, destacando la existencia de una paradoja entre la intensidad de las medidas de contención y la rápida propagación del virus entre la población. Expertos en salud pública y economistas destacaron cuatro condiciones que explican esta paradoja: el número de pruebas, la irregularidad de la cuarentena, la presencia de multitudes en los mercados y bancos, y el nivel de viviendas superpobladas.

Debido a la cantidad de pruebas disponibles, la imagen comparativa es imperfecta. Perú ocupa el segundo lugar en términos de pruebas para la región, sin embargo, los expertos en salud pública coinciden en que la evolución de las tasas de infección del país sigue siendo incongruente con lo que se habría esperado, teniendo en cuenta la estricta respuesta de Perú.

Los expertos, entonces, recurren a otras condiciones: el alto volumen de trabajo informal, más del 70 por ciento en Perú; altas desigualdades sociales y económicas; diferencias culturales arraigadas y patrones de comportamiento que incluyen una falta de respeto constante por las leyes.

Si bien todas estas observaciones son correctas, todavía falta algo. Tales condiciones deben verse como síntomas del problema real en lugar de factores independientes que explican inconsistencias aparentes. Todas esas condiciones son los efectos de una sola causa: la persistencia de deficiencias estatales, especialmente en temas sociales sensibles. Y, como se ha argumentado recientemente, los analistas deben considerar esta importante condición, junto con la confianza en el gobierno, al evaluar el desempeño de cualquier administración durante esta pandemia.

La paradoja, si la hay, es que la precaria capacidad infraestructural del estado, especialmente en temas como la salud pública y el bienestar social, antes de la pandemia explica tanto la necesidad de medidas radicales de confinamiento y distanciamiento social como los resultados adversos después de tres meses de implementación. Este problema implica no solo la debilidad del aparato estatal para proporcionar servicios y protecciones sociales, sino también la falta de cohesión social requerida para contener la pandemia a través del distanciamiento social. Como resultado, los esfuerzos del gobierno se han enfrentado a severas limitaciones de implementación y cumplimiento.

Los orígenes de estas deficiencias se basan en procesos históricos de construcción estatal que no se pueden resolver fácilmente. Sin embargo, la persistencia e intensidad de tales fallas en áreas cruciales hoy en día -como el desarrollo social, la salud pública y la educación- se remonta a las últimas tres décadas, precisamente las décadas en que los economistas elogiaron el "milagro económico peruano". Después de todo, esos años de austeridad limitaron especialmente el gasto público en estos bienes sociales. A pesar de la presencia de bonanza económica, el gasto público en salud pública y la cobertura de los programas sociales de Perú están por debajo del promedio en la región.

Además, la estabilidad económica del "milagro" se produjo incluso cuando los problemas enumerados por la prensa internacional se intensificaron. Estas situaciones no eran ajenas, sino complementarias. La falta de regulación sobre la informalidad funcionó bien como amortiguador de los impactos sociales de las políticas de austeridad. Si bien el estado introdujo programas de redistribución social, esos modelos focalizados se centraron en la población rural, dejando a porciones masivas de residentes urbanos sin beneficios y vulnerables. Sin embargo, las familias urbanas aún podrían confiar en el acceso a trabajos precarios e informales, abundantes debido al consumo masivo producido por la bonanza económica. Este sector informal de empleo no desapareció, sino que se adaptó a la pandemia a pesar de la cuarentena.

Enfrentado a una crisis económica y de salud, Perú tenía los recursos para invertir en mejorar su precario sistema de salud e introducir beneficios redistributivos relativamente altos para los necesitados durante la pandemia. Sin embargo, la falta de infraestructura estatal para redistribuir esos recursos en las zonas urbanas pronto creó problemas colaterales, como la presencia de multitudes en bancos y oficinas gubernamentales, quienes buscaban cobrar los beneficios o averiguar si eran elegibles en primer lugar. Además, la falta de atención a los problemas de desigualdad e informalidad se reflejó en una planificación urbana deficiente y condujo a problemas de hacinamiento e incumplimiento que se sumaron a los desafíos de la pandemia. Hoy en día, vendedores ambulantes novatos y experimentados inundan las calles de las principales ciudades.

Aclarar los orígenes de la paradoja es importante, ya que explica los problemas de los modelos de austeridad extrema para los países en desarrollo a mediano y largo plazo. Si bien es cierto que se necesitan políticas monetarias y fiscales responsables en países con un historial de crisis económicas, también deben considerarse los efectos de estas medidas en la capacidad del estado para reaccionar ante nuevos y apremiantes desafíos como las pandemias o la crisis climática.

Perú es hoy un caso emblemático de los problemas que generan las políticas de austeridad radical. Este no es solo un problema tecnocrático de diseño de políticas, sino uno de capacidad estatal. El dinero ahorrado no significa nada si los gobiernos no pueden gastarlo de manera eficiente cuando es necesario. A lo largo de las últimas dos décadas, una coalición de derecha formada por políticos conservadores, tecnócratas neoliberales, organizaciones empresariales y medios de comunicación ha bloqueado varios intentos de mejorar el papel del estado. Como resultado, el impresionante crecimiento económico de Perú nunca se tradujo en el desarrollo infraestructural y social que el país necesita con urgencia. 

Por lo tanto, la respuesta del gobierno debe evaluarse dadas estas limitaciones. Las críticas a las políticas específicas son relevantes, pero las limitaciones del estado limitan drásticamente su eficiencia. Para ser claros, sin estas medidas, la realidad hubiera sido peor. Sin embargo, el gobierno y los medios de comunicación deben realizar el mismo ejercicio al evaluar el papel de los individuos. Si bien es fácil culpar a la ciudadanía de irresponsabilidad y la falta de acatamiento, también se debe reconocer que dicho comportamiento está limitado y moldeado por la deficiencia del estado para proveer bienes y servicios en estos contextos. 

Desafortunadamente, las perspectivas de cambio progresivo palidecen. Primero, la política electoral es altamente personalista y no programática, lo que favorece el surgimiento de neófitos y populistas que usan estos temas en la campaña, pero los olvidan una vez en el poder. Sin partidos fuertes, la rendición de cuentas se convierte en un problema importante. En segundo lugar, los valores iliberales de los ciudadanos ya estaban en aumento debido a las percepciones sobre criminalidad, corrupción e inmigración. Así, en lugar de una oportunidad para darse cuenta y corregir errores anteriores, la pandemia podría exacerbar los problemas del país en los años venideros. El futuro del país carece de "líneas de crédito" políticas ventajosas.

Paolo Sosa-Villagarcia es Fox International Fellow 2019-20 en el Centro Whitney y Betty MacMillan para Estudios Internacionales y de Área en la Universidad de Yale (EE. UU.) y estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica (Canadá).

* Publicado originalmente por YaleGlobal el 16 de junio de 2020. 

(Foto: Hugo Alejos)