El pasado 11 de mayo, a través de las redes sociales se reportó que parte del personal de la Empresa Ocho Sur P. S.A.C., que incluye a trabajadores shipibos, se encontraban con síntomas de Covid-19. Ante ello, la Defensoría del Pueblo, junto al Ministerio Público (MP) y la Dirección Regional de Salud (Diresa), intervinieron y realizaron testeo del personal de la empresa ubicada en Ucayali.
El resultado fue que el 87% de las personas testeadas dieron positivo a la prueba rápida del Covid-19. La Diresa realizó pruebas rápidas a un total de 39 trabajadores, de los que 34 dieron positivo
Ante los resultados de la muestra, la Diresa concluyó que era suficiente prueba para advertir que la mayoría de los trabajadores de esa empresa eran sospechosos de tener Covid-19 y debían guardar aislamiento domiciliario.
De acuerdo al acta que levantó la Fiscalía del Medio Ambiente, Empresa Ocho Sur P S.A.C. informó que tiene en total 430 trabajadores de campo en un área aproximada de 6000 hectáreas.
Ante los alarmantes resultados, representantes de la empresa señalaron que se procedería al aislamiento y tratamiento del personal que dio positivo, y que paralizarían sus labores.
Hugo Pari, jefe de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, señaló que "el hecho de que estos trabajadores continuaran con sus labores, ha puesto en riesgo sus vidas, las de sus familiares y las de los pobladores de las comunidades indígenas asentadas cerca”.
Esta empresa se ubica a cuatro horas de camino de Pucallpa. Para llegar se debe ir por camino de trocha y cruzar un río previa autorización de la empresa.
En esta intervención, participaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio de Cultura, la Dirección de Agricultura y la Dirección Regional de Salud.
Como corroboraron las autoridades, la Empresa Ocho Sur P S.A.C. contaba con autorización del Ministerio de la Producción (PRODUCE). El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no tuvo participación en esta diligencia, tampoco el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Cabe señalar que en Ucayali no hay oficina de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Los inspectores de trabajo regionales tampoco se hicieron presentes.
[Foto de portada: Defensoría del Pueblo]
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