Durante el gobierno de Alan García, el Ejecutivo emitió decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esto provocó la protesta de los pueblos awajún y wampis de la provincia de Bagua (Amazonas), ya que se aprobó una ley forestal sin consulta previa, un derecho indígena reconocido por el Perú en 1995 con la firma del Convenio 169 de la OIT. El conflicto socioambiental escaló y 33 ciudadanos peruanos murieron el 5 de junio del 2009.
Han pasado once años desde el trágico 'Baguazo', y muchos problemas que habían en ese entonces lamentablemente persisten. Como señala el abogado Juan José Quispe (Instituto de Defensa Legal), el tiempo ha pasado y el acceso a justicia es restringido para las pueblos indígenas del Amazonas. A través de su cuenta de Facebook, el abogado del IDL señaló una serie de hechos:
"El Poder Judicial no cuenta con intérpretes que dominen la lengua awajúm y/o wampís para los procesos penales donde son procesados o agraviados los integrantes de las comunidades indígenas".
"El Poder Judicial no tiene peritos antropológicos permanentes para que puedan ilustrar a los magistrados respecto a las tradiciones, organización política y social, usos, costumbres y filosofía indígena".
"El uso del intérprete desde el momento de la detención o denuncia del poblador indígena, es letra muerta, TODO SE HACE EN IDIOMA CASTELLANO".
"No existen médicos legistas que dominen las lenguas awajúm/wampís. Los exámenes físicos y psicológicos de los agresores y/o las victimas indígenas, se hacen en el idioma castellano".
"Las sentencias judiciales, se siguen leyendo en el idioma castellano, no en las lenguas indígenas".
"Las comunidades indígenas, siguen infectándose con los innumerables derrames de petróleo que contaminan sus ríos fuente principal de vida de sus integrantes".
"Los hospitales y postas medicas dentro de las comunidades indígenas, siguen completamente desabastecidas de medicinas y de personal de salud. La malaria, el dengue, el SIDA u ahora el COVID-19 son enfermedades que el Estado no ha sabido combatir hasta la fecha simplemente porque la población amazónica no es prioridad para el sistema de salud".
Si bien se ha absuelto a 53 indígenas de los delitos más graves como homicidio calificado, aún quedan casos pendientes de resolución por hechos relacionados a la protesta en Bagua. El abogado Quispe los señala:
a) El caso “Estación 6 de Petro Perú: Cuyo juicio oral se inició en marzo del 2019 contra 25 indígenas por la muerte de 10 efectivos policiales. La fiscalía también solicitó se les imponga la pena de cadena perpetua a todos los acusados.
b) El caso contra “los generales de la PNP”, procesamiento contra 5 generales de la PNP por las muertes y lesiones de 15 peruanos. Aquí la Fiscalía está solicitando se les imponga 25 años de prisión
c) La “desaparición del Mayor PNP Bazán Soles”, procesamiento contra 5 miembros de comunidades indígenas y 2 mestizos por la desaparición y muerte del oficial PNP.
Luego del Baguazo, Alan García aprobó el peligroso Decreto Legislativo N° 982, que modificó la tipificación del delito de extorsión e incluyó actos como tomar locales institucionales o bloquear carreteras, medidas usualmente practicadas por organizaciones sociales en sus protestas.
[Foto de portada: Aidesep]
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