En el marco de la emergencia sanitaria y ante la gravedad del avance del COVID-19 en el Perú, los miembros de la comunidad lingüística peruana, comprometidos con los pueblos indígenas del Perú, se han pronunciado públicamente.
"
Este pronunciamiento reúne a una comunidad en defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en un contexto crítico como la pandemia. Esta comunidad está compuesta por lingüistas pero también por nuestros colegas educadores, activistas que son miembros de pueblos indígenas. Sin ellos, nuestro posicionamiento y diálogo no tendría sentido ni proyección. Si bien existe un sinnúmero de problemáticas que señalar y sobre las que pedir atención durante la emergencia sanitaria, intentamos de este modo llamar la atención sobre la importancia de velar por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas", dice a La Mula Carolina Rodríguez Alzza, lingüista y docente de la PUCP.
A continuación, compartimos el pronunciamiento:
● Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables a la diseminación del COVID-19 en el país. Nuestro país se encuentra hoy ante un grave peligro de etnocidio por la demora de una atención temprana y pertinente a los pueblos indígenas. Debido a las condiciones preexistentes a la pandemia —perfil epidemiológico, desatención del Estado, discriminación social y lingüística— el virus agrava particularmente la situación de vulnerabilidad de 4 millones 500 mil personas que se reconocen como hablantes de alguna de alguna de las 48 lenguas indígenas (16% de la población, de acuerdo con el INEI 2017), quienes están enfrentando también una brecha cultural y lingüística en el acceso a una atención sanitaria adecuada de parte del Estado. En varios casos, la vida de los últimos guardianes de lenguas y conocimientos tradicionales está en riesgo.
● Apoyamos los esfuerzos de las organizaciones indígenas, quienes se han dirigido al Gobierno central y a los gobiernos regionales y locales para exigir el diseño y la puesta en marcha de una estrategia de atención sanitaria que respete sus derechos identitarios y lingüísticos contemplados en la legislación nacional e internacional. Apoyamos también las medidas adoptadas por los ciudadanos indígenas del país, sus comunidades y sus organizaciones, quienes, haciendo uso de sus propias lenguas, aseguran y fortalecen la participación de sus pueblos para acatar la cuarentena e informar de manera efectiva sobre la prevención y la contención del COVID-19.
● Consideramos que el Gobierno debe hacer cumplir los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas durante la emergencia sanitaria garantizando que estas poblaciones sean atendidas y reciban información en sus lenguas, tal como lo estipulan la Ley Nº 29735 (“Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú”), el DS N° 004-2016-MC (Reglamento de la Ley N° 29735) y el DS N° 005-2017-MC (“Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad”). Tanto las entidades públicas como las entidades privadas deben contar con el apoyo de medios de traducción pertinentes y eficaces.
● Creemos que el DL N° 1489 ("Decreto legislativo que establece acciones para la protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19") y la RM Nº 308-2020-Minsa (Plan de intervención del Ministerio de Salud para las comunidades indígenas y centros poblados rurales en la Amazonía peruana frente a la emergencia del COVID-19”) son avances importante hacia el cumplimiento de los derechos lingüísticos y la prestación de los servicios públicos en lenguas indígenas. En este dispositivo legal, el Estado peruano se compromete a garantizar que las acciones que desarrollen las entidades estatales en el marco de la emergencia se planifiquen y ejecuten con participación de las organizaciones indígenas. Sin embargo, notamos que su tardía aprobación, después de más de cincuenta días de declarada la emergencia sanitaria, ha agravado la expansión de la epidemia en estas poblaciones y ha disminuido la calidad de la acción estatal.
● Advertimos que, a pesar de los avances normativos, el diseño de la estrategia de atención para los pueblos indígenas ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Esto puede corroborarse a través de las continuas demandas de las organizaciones indígenas para una atención sanitaria, alimentaria, educativa con pertinencia cultural y lingüística.
En ese sentido, preocupa que, existiendo un marco legal y habiéndose identificado a los actores políticos clave, las instituciones del Estado orientadas específicamente a la atención de los pueblos indígenas no hayan desarrollado las acciones necesarias para el cumplimiento de los derechos de estos pueblos, entre ellos sus derechos lingüísticos. Por lo expuesto, demandamos que se tomen las siguientes acciones:
● Asegurar la atención sanitaria y alimentaria de los pueblos indígenas considerando su heterogeneidad tanto en zonas rurales como zonas urbanas. Para ello, se requiere la entrega directa de alimentos, implementos de higiene y medicamentos básicos, en coordinación con las organizaciones indígenas y siguiendo protocolos de bioseguridad que protejan la salud de la población. Además, es necesario brindar apoyo a la población indígena que ha decidido retornar a sus lugares de origen en medio de la emergencia sanitaria. Debe asegurarse su integridad durante el traslado, brindar tamizajes para verificar su estado de salud y facilitar espacios para guardar cuarentena antes de dirigirse a sus destinos finales.
● Reconocer los derechos lingüísticos como derechos fundamentales y garantizar su pleno ejercicio durante la emergencia y después de ella. Para lograr esto, los esfuerzos de la Dirección de Lenguas Indígenas (Ministerio de Cultura) y de la DIGEIBIRA (Ministerio de Educación) deben ser potenciados y adaptados al contexto de la emergencia. Se desconoce la atención que brindan la Central de Interpretación Telefónica en Lenguas Indígenas (CITEL) o los servidores públicos bilingües certificados durante la emergencia sanitaria. No se conoce un servicio de consultas vinculadas al COVID-19 para los peruanos que hablan una lengua indígena.
● Implementar la variable étnica en las acciones desarrolladas por las instituciones estatales, con el fin de conocer el impacto real del COVID-19 en los pueblos indígenas. Este pedido parte de las mismas organizaciones indígenas y puede ser operado aplicando criterios lingüísticos y de autorreconocimiento. Las estadísticas deben incluir los casos de muerte por sospecha de COVID-19, ya que el subregistro es con seguridad mayor en pueblos indígenas por la ausencia de pruebas en las comunidades y la lejanía de los hospitales.
● Vigilar la situación particular de vulnerabilidad epidemiológica de los pueblos indígenas que poseen una lengua en peligro de extinción. Entre estas poblaciones, por lo general, son los mayores de edad los últimos hablantes de sus lenguas. Por ello, se debe garantizar su salud a través de atención prioritaria con pertinencia cultural y lingüística. La continuidad de muchas lenguas indígenas depende de sus hablantes, por lo que no es posible que estas poblaciones rescaten sus lenguas si no se asegura la salud.
● Establecer metodologías y planes educativos concretos para la educación intercultural bilingüe dirigida a poblaciones indígenas que carecen de conectividad. El alcance de los programas educativos del Minedu se ve mermado por estos problemas. “Aprendo en casa”, por ejemplo, tiene un alcance mucho menor en lenguas indígenas en comparación con el que sí tiene en español. Este programa educativo bien se puede realizar en quechua, aimara, asháninka e incluso awajún. El quechua —a pesar de que cuenta con alrededor tres millones 800 mil hablantes mayores de cinco años según el último censo— presenta solo versiones radiales; no obstante, el quechua tiene una fuerte presencia en las zonas urbanas. De hecho, Lima es la ciudad con mayor número de quechuahablantes en el Perú. Este problema no es exclusivo de la pandemia: los estudiantes de EIB tienen serias carencias de materiales en sus lenguas, sin libros de aprendizaje adecuados críticamente a su contexto
● Revisar la pertinencia cultural y la llegada efectiva de los materiales informativos de prevención y respuesta ante la epidemia, los cuales se pueden desaprovechar si no son suficientemente difundidos y si no contemplan las múltiples realidades de los pueblos indígenas del país. Más allá del empleo de diferentes lenguas, dichos materiales deben adaptarse a los modos locales de comprender la diseminación, la prevención, el tratamiento de las enfermedades. Asimismo, la información debe ser difundida de manera intensiva mediante medios televisivos nacionales y radios locales. Estas últimas constituyen a menudo los únicos medios de comunicación masiva en la zona rural.
En este contexto, los abajo firmantes nos ponemos a disposición de las instancias respectivas para la ejecución de cualquiera de las tareas especificadas en este pronunciamiento. Lo hacemos de forma desinteresada, solidaria y comprometida, con el único propósito de proteger el derecho a la vida de los pueblos indígenas y continuar fortaleciendo sus derechos lingüísticos. La comunidad lingüística en el Perú está dispuesta a defender estos derechos con un vigor incluso mayor durante la presente emergencia sanitaria por el COVID-19.
Estos son los firmantes
