El siguiente artículo es escrito por
Doreen Montag y Marco Barboza, Pilar Valenzuela, Celso Aguirre, José Sanchez-Choy, Carol Zavaleta, Cristina Juro, Ivan Brehaut, Isaac Alva, Eduardo Ruiz Urpeque, Aoife Bennett, Ítalo García Murayari y Lily la Torre
Durante las últimas semanas, la región Ucayali se ha convertido en un ascendente y preocupante foco de COVID-19 en el Perú, con 2,478 casos diagnosticados, 103 fallecidos con diagnóstico confirmado y 646 fallecidos con sospecha de COVID-19, según el último reporte oficial de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali. Con esos datos podemos afirmar que la tasa de letalidad de COVID-19 en Ucayali es de 4.2% si tomamos en cuenta solo los fallecidos confirmados. Pero si contamos todos los fallecidos (confirmados y sospechosos) la letalidad sería de 22.9%. La tasa de mortalidad, según los fallecidos confirmados, es 17.65 por cada 100,000 personas. Pero contando todos los fallecidos la tasa de mortalidad sería 95.42 por cada 100,000 personas.
Según dicho informe, habría 41 casos en el pueblo Shipibo-Konibo y un caso en el pueblo Yine. Sobre los decesos, la Diresa no reporta fallecidos en los pueblos indígenas. Este evidente subregistro no refleja el total de las 53 personas de la etnia Shipibo-Konibo que han fallecido en la región durante las últimas semanas, o los 2 miembros de la etnia Huni Kuin (también conocida como Cashinahua), según la información proporcionada por Ítalo García Murayari, de la Red de Comunicadores Indígenas de Ucayali. El analista John Burn-Murdoch, del Financial Times, calcula el exceso de muertes en un 81% de lo normal para el Perú, lo que colocaría al Perú como uno de los países más afectados por la pandemia a nivel global. Como numerosas personas están siendo tratadas en casa y mueren allí muchas veces sin diagnóstico, es muy difícil saber cuál fue la causa del fallecimiento.
Mientras que Loreto y Lambayeque han estado frecuentemente en las noticias, Ucayali no ha contado con la misma cobertura mediática, a pesar del alto nivel de contagio y de las grandes deficiencias que evidencia su sistema de salud***. Según la experiencia de Loreto, se requeriría hasta dos tanques y medio de oxígeno por día, por paciente con COVID-19. Actualmente, no está operativa aún la planta de oxigeno del Hospital Regional de Pucallpa, y la adquisición y funcionamiento de una nueva planta (comentada en la reunión del comando COVID del 19 de mayo último en Pucallpa y reiterada en el comunicado del Gobierno Regional de Ucayali del 20 de mayo) no se realizará antes del 27 de mayo. En este escenario, las personas enfermas, con diagnóstico y sin él, están siendo tratadas en sus casas por familiares, quienes se exponen al riesgo de contagio.
Según la normatividad del Ministerio de Salud, todos los diagnósticos de COVID-19 deben ser realizados en casa. Los casos leves deben ser tratados en casa. Los casos moderados o graves deben ser tratados en hospital. Pero en la práctica los números telefónicos no contestan oportunamente y la población no confía en los tratamientos hospitalarios por el desabastecimiento continuo de insumos y de personal, sumado a una larga historia de discriminación y maltrato hacia los pueblos indígenas. Los nuevos centros de tratamiento de COVID que se han visto el día de hoy en las calles de Pucallpa podrían ofrecer una alternativa. Sin embargo, la desconfianza crónica ha hecho que la población busque sus propias soluciones para esta nueva enfermedad. En casos relativamente leves, que presentan fiebre y tos, las familias recurren a plantas medicinales y salen en busca de paracetamol, cuyo precio sobrepasa los 8 soles por unidad, cuando pre-COVID-19, este no excedía los 0.20 céntimos de sol. Por último, un grupo de jóvenes indígenas ha formado el “Comando Matico”, que distribuye y enseña el uso de esta planta entre los pobladores de Pucallpa. Cuando los pacientes presentan síntomas graves con seria deficiencia respiratoria, las familias que cuentan con balones de oxígeno en casa necesitan recargarlos, teniendo que esperar a veces días delante de la feria de Yarinacocha. Sin embargo, la gran mayoría de hogares no cuenta con balones de oxígeno, siendo su precio en el mercado de entre 3000 y 5000 soles (comparado con el precio de 750 pre-COVID); es decir, una cifra inalcanzable para una familia que como apoyo estatal recibe un máximo de 760 soles en bonos. La situación empeora si hay varios enfermos en casa y/o si la familia no ha recibido ningún tipo de apoyo, como ocurre con un amplio grupo de la población.
En medio de la pandemia regional y ante los altos precios y la escasez de los medicamentos básicos para el tratamiento del COVID-19, surgen iniciativas de colegas enfermeras como Cristina Juro y Karla Sueldo. Ellas organizaron una colecta de medicamentos y fondos con el fin de comprar medicinas al por mayor, y así manejar un stock de medicamentos para las colegas enfermeras que sufren contagios, al ser las primeras en brindar atención y entrar en contacto directo con los casos sospechosos. De esta manera pueden acceder a medicinas a precios justos y recibir tratamiento oportuno, evitando complicaciones posteriores y, por ende, disminuyendo la necesidad de hospitalizaciones que pudieran agudizar aún más la situación de crisis que vive el sector salud. Además, en Ucayali se vienen realizando otras colectas que pretenden, desde diferentes ángulos y grupos, atacar el problema persistente: carencia de alimentos y medicinas.
Sabiendo que el gobierno central y regional, están trabajando para mejorar las capacidades de respuesta al COVID-19, y tomando en cuenta que el contar con los medicamentos necesarios es un derecho humano, consideramos que se debería asegurar un acceso oportuno, prioritario y garantizado al oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19, bajo distintos mecanismos y estrategias. Asimismo, es necesario asegurar el acceso a un precio justo de medicamentos genéricos a través de las boticas y farmacias, tanto públicas como privadas. La concreción efectiva del derecho universal a la salud en tiempos de pandemia, en un contexto de insuficientes capacidades hospitalarias y titánicos esfuerzos familiares, torna imperativo que el Estado y el gobierno regional, garanticen el derecho a los medicamentos genéricos y la disposición de oxígeno para pacientes con COVID-19. Restan aún varios días para el prometido lanzamiento de la planta de oxigeno del Hospital Regional de Pucallpa, pero Ucayali y sus pueblos originarios requieren de atención y resguardo con suma urgencia.
Hoy por hoy, mientras buscamos asegurar el acceso al tratamiento del COVID-19, un gran número de ciudadanos indígenas y ribereños se dirigen a la ciudad de Pucallpa con la expectativa de cobrar el bono familiar universal de un máximo de 760 soles, abriendo así nuevos focos y convirtiéndose en vectores de potencial transmisión de COVID-19 en sus comunidades. Algunos grupos locales están construyendo un mapa de comunidades afectadas o sospechosas de COVID-19 y relacionan claramente el acceso a Pucallpa, epicentro del COVID-19, con los contagios potenciales y comprobados en el resto de Ucayali.
Por otro lado, el escaso apoyo que brindan el Estado y el gobierno regional de Ucayali a quienes salieron a trabajar a otras regiones y quieren retornar a sus comunidades está haciendo que estos vuelvan masivamente por sus propios medios, sin los controles médicos respectivos. Esta es otra forma de dispersión del virus que, lamentablemente, solo ha sido abordada como reacción ante los hechos, sin respetar todos los controles necesarios. La simple necesidad de sobrevivencia mueve a las personas a asumir este riesgo, en tiempos de ausencia de planes y de capacidades para brindar tratamiento y cuidado en las propias comunidades.
Así como defendemos el acceso a medicamentos y oxígeno a precios justos, asequibles y controlados para el contexto ucayalino urbano, proponemos trabajar concurrentemente en una estrategia urgente para las comunidades ubicadas muy lejos de las ciudades, a lo largo de los ríos y en zonas de frontera. Las zonas de frontera en este caso son los poblados del Tamaya que se encuentran en el distrito de Masisea, el distrito de Yurúa en la provincia de Atalaya y la provincia de Purús.
Es importante tener presente que en esos tres lugares no hay farmacias; por ejemplo, la provincia de Purús cuenta apenas con una simple botica. Por lo tanto, es importante que el gobierno regional, a través de sus redes de salud correspondientes, haga llegar a la brevedad posible dotaciones de medicamentos y de oxígeno, lo cual hasta el día de hoy no viene ocurriendo.
En cuanto al abastecimiento de oxígeno, dado el difícil acceso en la región que en algunos casos es exclusivamente aéreo y esporádico, como es el caso de Atalaya, Breu y Purús, se debería asegurar que cada uno de estos lugares cuente con su propia planta para que la recarga de los balones sea oportuna y no se ponga en riesgo la vida de tantos seres humanos. Cabe señalar que en estos lugares funcionan establecimientos de salud que atienden mayoritariamente a población indígena, incluyendo población en situación de contacto inicial (PICI) y aquellas que forman parte del cordón de protección sanitario de las reservas indígena Mashco Piro y Murunahua, donde reside población en situación de aislamiento (PIA).
Finalmente, si bien existe un plan de abordaje para la pandemia preparado por la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de un abogado indígena Yine, y las propias organizaciones indígenas de Ucayali, y el apoyo de profesionales de la salud y ciencias sociales, en un notable esfuerzo, sin embargo, este plan aún carece de presupuesto. ¡El pueblo de Ucayali no puede esperar más! ¡¡EL MOMENTO DE ACTUAR ES AHORA!!
*** La muerte por COVID-19 del excongresista Glider Ushñahua el 16 de abril fue uno de los pocos eventos que tuvieron cobertura mediática. También la muerte de Silvio Valles Lomas, miembro del pueblo Shipibo-Konibo y primer alcalde indígena del distrito de Masisea.
