El Acuerdo de Escazú es un tratado histórico para la defensa de los derechos ambientales en América Latina y El Caribe. Fue firmado en setiembre de 2018 por 14 países de la región. Es un paso adelante para asegurar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados. Perú es uno de los firmantes, pero el acuerdo necesita ser ratificado por el Congreso de la República para entrar en vigencia. 

En Perú, el acuerdo avanzaba hasta que quedó paralizado por la crisis política del año pasado. En agosto de 2019, el Ejecutivo envió al Congreso ahora disuelto el expediente que recomendaba su aprobación y que incluía informes favorables de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y 10 ministerios.  Sin embargo, aun teniendo facultades para legislar hasta que llegara un nuevo Legislativo, el gobierno de Martín Vizcarra no priorizó la ratificación.  

Falta muy poco para que dicho acuerdo entre en vigencia en la región, se necesita que 11 países lo ratifiquen y en la actualidad ya son ocho estados los que han cumplido con su parte.

Este año distintas organizaciones civiles han emprendidos campañas de incidencia para que los nuevos congresistas conozcan la importancia de este Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Recientemente, la organización de conservación marina Oceana hizo un llamado al Congreso de la República para que priorice su ratificación.   

En la actualidad, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tiene en sus manos el debate del Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE, el cual propone la aprobación del Acuerdo de Escazú.  

“Este acuerdo debe entrar en vigencia, ya que es vital para la prevención de conflictos socioambientales en el país, los cuales conforman el 68% de los conflictos sociales. El Congreso del Perú tiene la oportunidad de, a través de aprobar la ratificación de este tratado, aportar a fortalecer la democracia ambiental en el país y la región”, señala Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú.

Beneficios para el mar y la pesca

En el sector pesquero peruano la transparencia aún es incipiente, pese a ciertos avances. Esta fue una de las grandes conclusiones de un estudio de Oceana realizado en el 2017, en el que el 95% de 202 encuestados del sector opinaron que la transparencia no se ejerce o se ejerce parcialmente en este sector.

Entre los beneficios que este acuerdo implica para la pesca y conservación marina en el país están:

• El Ministerio de la Producción (Produce) deberá brindar información actualizada sobre los recursos pesqueros y la actividad pesquera de manera oportuna, organizada y sistematizada, y en formatos que permitan su reproducción y procesamiento.

• La información sobre los recursos y la actividad pesquera deberá ser actualizada en un periodo no mayor de cinco años.

• Produce deberá establecer mecanismos institucionalizados de participación pública.

• La participación pública se dará desde la etapa inicial de diseño o revisión de planes, programas, normas, reglamentos, proyectos y actividades que tengan o puedan tener impacto en el ambiente marino y los recursos hidrobiológicos.

• Los actores interesados tendrán garantizado el acceso oportuno a la información relevante para participar en el proceso de toma de decisiones.

• Se deberá comunicar los fundamentos de las decisiones adoptadas a los participantes del proceso de toma de decisiones.

• Cada uno de los participantes recibirá respuesta sobre cómo se tomaron en cuenta sus aportes.

El Acuerdo de Escazú desarrolla principios internacional y nacionalmente adoptados durante los últimos 28 años, desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en nuestra Ley General del Ambiente. En particular, el Principio 10, el cual destaca que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Es muy importante impulsar la aplicación de este principio, pues la solución a los problemas ambientales y climáticos exige de un ejercicio efectivo de los derechos y deberes ciudadanos, para asegurar la vigencia de la provisión de bienes y servicios de nuestros ecosistemas para el bienestar social.

Tal como indica Oceana, es necesario que el Estado ratifique este instrumento internacional y promueva su implementación para garantizar la transparencia y el ejercicio pleno y oportuno de estos derechos.