La Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó este jueves que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán sea excarcelada para que cumpla arresto domiciliario, en el marco del proceso que afronta por haber recibido dinero ilegal de Odebrecht y OAS para sus campañas políticas.
La exburgoamestre, que es investigada por el presunto delito de lavado de activos y otros, venía cumpliendo una orden de prisión preventiva por 24 meses en el Anexo del Penal de Chorrillos, informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
La próxima excarcelación se da fallo luego de que la defensa de Villarán apeló la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró infundado un primer pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa legal de la exalcaldesa.
Según la resolución, la sala tomó en cuenta "las enfermedades que padece la investigada Villarán de la Puente, esto es, lupus eritematoso e hipertensión arterial, y respecto del cual no existe cuestionamiento de la preexistencia".
"Se verifica que las referidas enfermedades si bien no son graves, pero al vincularlas al riesgo de contagio de Covid-19 puede ser muy letal no solo para la salud, sino incluso para la vida de la investigada Villarán".
El Equipo Especial de fiscales Lava Jato le imputa a Villarán de la Puente cargos de corrupción y lavado de dinero por recibir unos 10 millones de dólares de OAS y Odebrecht para financiar dos campañas publicitarias.
Ante los argumentos y elementos de convicción que presentó la fiscalía, el juez Chávez Tamariz dispuso en mayo del 2019 la prisión preventiva por 24 contra la exalcaldesa de Lima. El magistrado alegó que la medida restrictiva de la libertad era la única forma de evitar que Villarán obstruya las investigaciones pendientes por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero.
Según documentación y testimonios de varios colaboradores que obra en manos del equipo especial, entre ellos los exdirectores ejecutivos en Perú de Odebrecht y OAS, Villarán y el entonces gerente municipal, José Miguel Castro, solicitaron a las constructoras financiamiento para la campaña destinada a evitar la destitución de la alcaldesa en 2013 y para la campaña por su reelección en 2014.
