El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció este martes sobre el pedido para que el expresidente Alberto Fujimori sea liberado por un supuesto riesgo de contraer Covid-19 en prisión, al comentar que el exmandario no corre peligro de contagiarse del nuevo coronavirus en el penal Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Así, el titular del Minjus coincidió con el jefe del INPE, Gerson Villar, quien señaló que la posibilidad de que Alberto Fujimori contraiga la enfermedad no es alta.
"El espacio donde se encuentra recluido [Alberto Fujimori] es un espacio donde está solo, entonces, por obvias razones no existe el factor de hacinamiento y por lo tanto, no está en los supuestos que puedan ser factores de riesgo", dijo Castañeda en ATV.
Así, el pedido que formuló la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en sus redes sociales a favor de su padre no encontró eco en las autoridades competentes.
Situación en los penales
El ministro Castañeda también sostuvo que medidas promovidas desde su sector para reducir el hacinamiento en la cárceles del país, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, no ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Destacó que la primera medida en ese sentido es el Decreto Legislativo 1459, que se publicó este martes, en el diario El Peruano, el cual —dijo— está orientado a la simplificación del procedimiento para que los deudores por alimentos puedan salir de los penales con la sola cancelación de deuda.
En radio Exitosa, el titular del Minjus fue enfático en señalar que en las medidas no se incluirán a los sentenciados por delitos graves, como robo agravados, delitos sexuales, homicidios o femicidios, porque de por medio está la seguridad de todos los peruanos.
"Mucho se habla, liberemos a la mayor cantidad de presos, bueno comento que ningún país del mundo libera a presos por delitos graves (…) Eso no va ocurrir, ni siquiera los organismos internacionales recomiendan liberen presos alta peligrosidad o delitos graves".
Según precisó, en la actualidad hay en el país más de 16 mil personas condenadas por robo agravado, 13 mil por delitos sexuales, más de 10 mil por tráfico agravado, casi 4 mil por homicidios calificados o feminicidios. "Ellas no van ser exoneradas", insistió Castañeda.
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