Las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno peruano en medio del contexto de la crisis provocada por la expansión del Covid-19 deben guardar consonancia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sostiene la Defensoría del Pueblo. Esta institución se ha manifestado acerca de la situación de los peruanos en el exterior, que actualmente están impedidos de volver al país.
La Defensoría afirma que las limitaciones que se imponen al derecho al libre tránsito no suponen la restricción absoluta del mismo. "Por ello, no es posible prohibir de forma total el retorno de los/as peruanos y peruanas en el exterior, cuando se encuentran en situaciones de extrema necesidad que así lo justifiquen", señala el órgano constitucional.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la institución viene realizando seguimiento a los diversos casos de peruanos en el extranjero, afectados por el cierre de fronteras, como resultado de la declaratoria de emergencia por el brote del coronavirus.
“Es razonable limitar el regreso de quienes residen en el extranjero y tienen los recursos para garantizar su estancia fuera del país, pero no lo es, para quienes viajaron por estancia cortas, a estudiar, trabajar, por problemas de salud, que teniendo pasajes de retorno, se ven imposibilitados de regresar; más si se trata de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”, sostuvo.
En estos casos, afirmó el Defensor, la integridad de estas personas podría estar en riesgo pues, en su gran mayoría, carecen de los medios para solventar sus gastos de alimentación, medicina y hospedaje.
“Si bien es legalmente justificable y a su vez, comprensible, dadas las limitaciones del Estado peruano, no poder garantizar en simultáneo la repatriación de todas y todos los peruanos en el extranjero, es necesario tener lineamientos claros que les permitan a ellos saber con certeza cuándo podrán volver”, agregó.
Gutiérrez recordó que las y los peruanos en el exterior imposibilitados de regresar tienen derecho a recibir protección y asistencia del Estado a través de la atención consular. Asimismo, señaló que las oficinas consulares y embajadas deberán garantizar que quienes tengan que esperar fuera del Perú, en virtud de la prioridad de otros casos, cuenten con una estadía digna, donde se les provea, cuanto menos, de alojamiento, atención sanitaria y alimento.
Finalmente, Gutiérrez remarcó que la Defensoría del Pueblo seguirá colaborando con la implementación de las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del coronavirus, reforzando, a su vez, su rol supervisor y garante de los derechos humanos en contextos de emergencia.
Este lunes, la Defensoría publicó el informe “El derecho de retorno al Perú en situaciones de emergencia”, en el que resaltó la urgencia de contar con un Plan Integral de Repatriación que garantice y proteja el derecho de retorno de peruanas y peruanos varados en el extranjero.
[Foto de portada: América Tv]
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