Una de las cosas que queda muy clara si uno mira el panorama regional es que existen tendencias preocupantes en los distintos estados independientemente del signo ideológico. Uno de ellos, la represión a la protesta social como la primera alternativa antes de sentarse a discutir con los actores sociales sobre las legítimas demandas ciudadanas. Hay un uso excesivo de la fuerza como respuesta a las reclamaciones de los pueblos o de los distintos sectores de la sociedad. Y también se están produciendo restricciones al trabajo libre de la sociedad civil de las organizaciones de defensa de derechos. 

América Latina sigue siendo la zona más peligrosa para los defensores de derechos humanos, en especial para los que luchan por proteger el territorio y el medio ambiente. También sigue siendo una región muy peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso particular de Venezuela, por ejemplo, se ha llegado a acosar, perseguir y estigmatizar el trabajo de prensa independiente, de las organizaciones sociales que buscan denunciar los abusos.

El debilitamiento de la protección internacional de los derechos es una tendencia global. La lógica de decisiones regresivas en materia de derechos humanos, los estados torpedeando los mecanismos internacionales de protección. El caso de Venezuela en este sentido es emblemático, con la denuncia de la Convención Americana de DDHH, su resistencia a permitir la visita de la Comisión Interamericana y otras del sistema de Naciones Unidas. Se pretende instalar la idea de que estos son enemigos de los estados. 

Hay una especie de vuelta a una soberanía muy básica, que es lo que vemos ahora por ejemplo en procesos como la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Esta visión de la soberanía hacia adentro que aisla a los estados desconoce que la realidad de que los mecanismos de derechos humanos a lo que apuntan es a señalar las oportunidades de mejora, bajo la lógica de que éstos asesoran a los gobiernos para el mejor cumplimiento de obligaciones internacionales libremente asumidas.

Venezuela tiene una cifra récord en este año de muertes para un país que no se encuentra en conflicto armado: 60 por cada 100 mil habitantes. Esto por casos de violencia armada y la proliferación de los mecanismos represivos de las fuerzas oficiales. La alta comisionada para los Derechos Humanos documentó en su visita al país más de 1500 presuntas ejecuciones extrajudiciales imputadas por fuerzas del Estado. 

A esto se suma que la situación ha ido empeorando en cuanto a la vigencia de derechos sociales y económicos, el incremento de la inseguridad, la inflación, la intervención en las instituciones. Todo eso ha provocado que el flujo de salida se multiplique. El fenómeno migratorio que en Venezuela se empezó a dar hace alrededor de 15 años nunca tuvo esta intensidad.

El perfil del migrante también ha ido cambiando. Los primeros grupos de migrantes usualmente eran profesionales, técnicos, un grupo atractivo y de fácil integración en el país de acogida.  En la última ola de migración ha habido un cambio importante. Antes migraban varones de edad media que enviaban dinero. Ahora mucha de la migración es de mujeres, niños, personas de la tercera edad. Son los grupos familiares que se están reintegrando.

Uno de los problemas que ha hecho que la situación se agrave es la resistencia a recibir la ayuda humanitaria internacional. Recién ahora empieza a verse cierta apertura. Las personas escapan de situaciones que suponen vulneración de sus derechos básicos, por ejemplo a la salud: necesitan tratamiento para enfermedades y no acceden a medicamentos porque hay desabastecimiento. Es el caso de pacientes con cáncer, hipertensión, VIH. La decisión de estas personas de salir de Venezuela es la elección por su vida. Van a otros países donde pueden recibir la atención médica que necesitan. 

La alimentación es otro de los aspectos más afectados por la crisis. La inflación, el desabastecimiento y la negativa del gobierno a aceptar la intervención humanitaria han generado una situación gravísima. Hay índices de desnutrición escandalosos documentados por los pocos observadores internacionales que han podido ingresar. Y esa realidad de salud precaria se pone en evidencia en la ruta de migración, en la que las personas deben enfrentarse a situaciones que demandan esfuerzos y condiciones para las que no están preparadas. Además están, claro, los peligros propios de los procesos migratorios: abusos tráfico de personas, posibilidad de violencia sexual y esclavitud laboral en el camino.

Aquí es importante atender que si bien existe esa prerrogativa de los estados, el control de fronteras y del flujo migratorio debe hacerse siempre dentro de un marco de coherencia y respeto con los compromisos internacionales. Por otro lado, ciertamente desde el punto de vista general de respeto al marco normativo que protege los derechos económicos y sociales, el pacto sobre derechos económicos y sociales que ha sido suscrito por Venezuela y la mayor parte de países de América Latina, impone unas obligaciones mínimas pero también establece mecanismos como los de la cooperación internacional para cuando los estados no puedan acceder a esos mínimos. 

El concepto de asistencia humanitaria y cooperación internacional no es un derecho del país sino que debe entenderse como una medida que los estados pueden y deben tomar para garantizar los derechos de su población natural o de ser el caso también de la que está llegando a causa de una crisis. Esa misma ayuda a la que Venezuela se niega para paliar la crisis es a la que pueden acudir los países de acogida.

Las decisiones de políticas públicas las toma el Estado. Lo que nosotros solicitamos es que se hagan en consonancia con los compromisos internacionales, con participación de la sociedad civil. La posibilidad de lograr soluciones más efectivas se incrementa si se permite la participación de todos los actores involucrados que si se trata de hacer desde una visión unilateral de autoridades estatales. Y esto incluye no solo medidas técnico-jurídicas, sino también medidas prácticas y planes en materia de sensibilización e integración para combatir la retórica y los discurso tóxicos en materia de discriminación y xenofobia.

(Foto: Cordon Press)

Ver también: 

Amnistía Internacional alerta deterioro del trato que da Perú a los venezolanos en situación vulnerable

Feline Freier: "La migración venezolana es una oportunidad económica y social para el Perú"