En noviembre de 1999, el Estado peruano suscribió un contrato con la empresa Gilat to Home, encargada de brindar el servicio de telefonía pública rural. Más de 20 años después, este contrato ha culminado y ahora más de 2 mil 250 comunidades ubicadas en 21 regiones del país corren el riesgo de quedar incomunicadas, advirtió este lunes, la Defensoría del Pueblo.
Alicia Abanto, Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que las comunidades solo cuentan con teléfono público y carecen de otro medio de comunicación similar, por lo que el retiro de 8 mil 970 teléfonos públicos dejaría a los poblados perjudicaría gravemente a dicho sector de la población.
La Defensoría advirtió que esto afectaría también en la prestación de los servicios públicos básicos como salud, educación y seguridad, perjudicando especialmente a poblaciones indígenas y en condición de pobreza extrema, consideradas como grupos vulnerables.
Para evitar que esto suceda, la Defensoría ha recomendado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que evalúe la posibilidad de prorrogar el contrato con la empresa. Señaló que el MTC debe disponer la instalación del servicio de telefonía móvil (con servicios de voz y datos de internet) en las localidades afectadas.
“Como parte del pedido, hemos solicitado también al MTC incluir a las localidades afectadas por la desinstalación de teléfonos públicos de Gilat to Home en los programas de expansión de las telecomunicaciones que viene implementando el Estado a través de nuevos proyectos, dando prioridad a los 2 mil 250 poblados que quedarían incomunicados”, dijo Abanto.
“Hemos exhortado al MTC a que actúe con diligencia para asegurar la expansión de las telecomunicaciones y garantizar el desarrollo de las poblaciones de nuestro país”, agregó la Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo,
[Foto de portada: Andina]
