El Estado peruano ya alista su defensa ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, por la demanda de Odebrecht que pretende reclamar US$ 1.200 millones por la anulación del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano, en el que la empresa admitió su responsabilidad en actos ilícitos.
La posición peruana frente al reclamo de la corrupta constructora es sólida, según afirman en el Gobierno, a lo que se suma que en más del 80% de los arbitrajes ante el CIADI, el país tuvo éxito, según remarcó la presidenta del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno. "El Perú ha discutido 17 casos en el Ciadi, de los cuales ha ganado diez y en cuatro logró el desistimiento de las pretensiones", apuntó en Andina.
En la demanda de Odebrecht, que ingresó al CIADI el 21 de enero de 2020, la firma brasileña busca una indemnización, al alegar un supuesto incumplimiento del Estado en la cancelación del gasoducto, pero en el Ejecutivo, a través del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), que pertenece al Ministerio de Economía, han sido claros: no se negociará con los brasileños por este caso, menos bajo medidas de presión, como el arbitraje internacional que han solicitado.
Bueno sostuvo al respecto que se trata de un caso "complejo" porque hay mucha "contaminación debido a la corrupción", y consideró que la decisión del Estado peruano de rechazar un trato directo con Odebrecht responde a la estrategia legal de cara al proceso de arbitraje. "Es difícil negociar con una parte que tiene un acuerdo de colaboración eficaz en el cual ha reconocido delitos en la concesión", anotó.
"Definitivamente esta decisión de no negociar ha sido tomada por consejo de sus abogados internacionales quienes deben haber valorado adecuadamente los efectos sobre la controversia".
Odebrecht alega en su demanda que buscó un acuerdo con el Perú, cuando se acercaba el vencimiento del plazo de un convenio para que la compañía pueda recuperar la inversión que hizo en el gasoducto; pero las tratativas no llegaron a buen puerto.
El Sicreci por su lado informó que, dada la demanda presentada por la compañía, toda la comunicación con las autoridades peruanas será mediante el estudio de abogados Arnold & Porter, que fue contratado por el Gobierno para que ejerza la defensa técnica del Estado ante el tribunal internacional.
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